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La iniciativa contiene beneficios de rebaja de hasta el 50% de la pena para los integrantes de estas organizaciones que decidan entregarse a las autoridades.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aclaró que esta ley de sometimiento no impedirá la extradición de los miembros de estos grupos.
“Señala que en ningún caso la sujeción a la Justicia, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, impedirá la extradición de los miembros de los grupos armados organizados. En ese punto no hay ningún tipo de manifestación de otorgamiento o facilidad”, señaló.
Aunque el proyecto de ley fue radicado a través del mecanismos fast track, no significará una negociación de paz, ni el otorgamiento de estatus político a las Bacrim.
“Este no es un acuerdo político, es la sujeción de criminales al imperio de la ley, aquí no hay ninguna negociación, sino el imperio de la ley por encima de cualquier forma delincuencial, que busca darle la oportunidad a quienes están al margen de la ley de sujetarse a ese imperio”, dijo el ministro.
“Esto genera un marco normativo importante en cuanto al acercamiento colectivo que se hará ante el Gobierno y una segunda fase, que es la judicialización ante la Fiscalía general”, añadió Gil Botero.
El Gobierno anunció que este proyecto de ley tiene el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal.
