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Se trata de un documento que fue expedido por las Fuerzas Militares y firmado por el propio general comandante del Ejército, Nicacio Martínez, el 10 de enero de 2019, es decir un mes antes de que se produjera la reunión a la que ha aludido el New York Times en donde se produjo el documento para los comandantes del Ejército con la directiva de aumentar los resultados. Esta es la disposición 002 de 2019 que actualiza toda la notmatividad militar que regula cómo deben actuar las tropas para preservar siempre los Derechos Humanos.
La disposición fue entregada a todos los miembros del Ejército en todos los niveles y es una actualización de las reglas de enfrentamiento y las reglas operacionales en la línea de los convenios de Ginebra sobre Derechos Humanos suscritos por Colombia. Contiene varios capítulos que regulan el uso de armas letales y no letales y la confrontación con grupos armados en escenarios de conflicto armado.
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Una de las precauciones presentadas a las tropas es que en el medio de una operación se debe confirmar que el Grupo Armado Organizado que se pretende neutralizar “debe estar previamente caracterizado como tal, de acuerdo al procedimiento estipulado en las directivas ministeriales”. Es decir que antes de la ejecución de una operación legal militar, las tropas deben haber caracterizado al enemigo y estar absolutamente seguros de que se trata de un Grupo Armado y que hay una amenaza inminente.
Otra de las actualizaciones de la norma es que insiste en condenar el uso de la perfidia, es decir, un engaño al contendiente que se encuentra en una situación indefensa para someterlo, herirlo o capturarlo como un acto que está estrictamente prohibido para los miembros del Ejército, y también señala la nueva norma que cuando haya duda frente a la individualización de un objetivo militar o un participante directo de las hostilidades, los miembros de las fuerzas deben siempre abstenerse de hacer uso de la fuerza.
Justamente ese es el literal G del artículo 3 sobre la ejecución de operaciones militares en el marco del Derecho Internacional Humanitario para situaciones de conflicto armado y lo que prueba es que jurídicamente las fuerzas militares sí han decidido reglamentar en detalle todo lo que está prohibido para un soldado en el territorio para evitar bajas civiles que no corresponden con las actuaciones legales de las fuerzas militares en los enfrentamientos con los grupos armados. Otra de las prohibiciones es la de hacer disparos de advertencia como medio disuasivo.
Entre las normas descritas hay una que se refiere al uso de las armas de fuego en contra de personas. Dice la reglamentación que “las armas contra las personas están prohibidas con la única excepción de que sea en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, y únicamente si acciones disuasivas menos extremas no funcionaron antes”. Las fuerzas insisten en que debe haber una identificación clara del enemigo y que cualquier ataque contra un civil está prohibido. Esta fue la reglamentación para el Ejército que expidió el propio general Martínez.
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Al final la norma dispone que el sistema de educación del Ejército y todos los comandantes deben transmitir la normatividad a los soldados para que estos comprendan los conceptos y los lleven a la práctica en el terreno para respetar los Derechos Humanos y cumplir los convenios de Ginebra. Cientos de miles de cuartillas que incorporaron la disposición fueron impresas y entregadas a las tropas además de ser publicadas en la página web del Ejército.
El propio General Martínez aseguró a La FM que desde su posesión se han realizado varias jornadas de pedagogía para hablar con los soldados sobre los errores de los asesinaos a civiles con el fin de presentarlos como bajas de la guerrilla durante la década del 2000.
Sin embargo, hacen falta explicaciones sobre la verdad de los hechos ocurridos con Dimar Torres en Campo Alegre Norte de Santander. Hasta ahora los soldados implicados han sido procesados por la justicia. Pero hay que recordar que en un primer momento el ministro Botero validó las versiones del miembro del Ejército acusado del asesinato sin que las investigaciones concluyeran.
