JEP hace llamado al Gobierno por asesinatos de excombatientes

A la fecha, más de 250 excombatientes de las Farc han sido asesinados.
Magistrado Jep Eduardo Cifuentes
Magistrado Jep Eduardo Cifuentes Crédito: Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) hizo un nuevo llamado de advertencia porque, a su juicio, persiste una falta de articulación por parte de las entidades del Gobierno para evitar los crímenes de excombatientes de las Farc en el país.

Los magistrados de la JEP ordenaron a los ministerios de Defensa y del Interior, al Comisionado de Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización, a la Fiscalía y otras entidades adoptar de manera urgente las acciones necesarias para atender esta grave esta situación.

No son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional y de otras entidades del Estado, para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc-EP”, indicó la JEP.

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La advertencia fue realizada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que emitió órdenes a distintas instituciones para que adopten las acciones necesarias para proteger de manera integral a más de nueve mil excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado”, señaló la JEP.

Según los magistrados la muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos.

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Las órdenes que impartió la sección de la JEP se dieron luego de convocar a una Audiencia Pública Nacional, el pasado 25 de noviembre, donde los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas de firmantes del Acuerdo Final de Paz.


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