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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió para su estudio la investigación en contra del general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su presunta participación en la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
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El oficial, quien fungió como director del Gaula de la Policía en Medellín, es investigado por presuntamente haber ordenado la retención de los dos defensores de derechos humanos el 6 de diciembre de 2001 en la capital antioqueña.
En la resolución de 36 páginas, la JEP declaró la competencia exclusiva y prevalente de la JEP del proceso, ordenándole al general Santoyo firmar el acta de sometimiento ante esta justicia especial.
La Sala de Reconocimiento de la Verdad rechazó la petición para concederle los beneficios de libertad transitoria ni la revocatoria de la medida de aseguramiento, ni el beneficio de la libertad en unidad policial, dado que en ninguno de los casos ha cumplido con los requisitos ni con el mínimo de privación de la libertad exigido por la ley.
La Fiscalía General vinculó oficialmente al general Santoyo después de conocerse que desde el Gaula de la Policía de Medellín se adelantaron seguimientos e interceptaciones ilegales contra sindicalistas, defensores de derechos humanos e integrantes de la Unión Patriótica.
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En el caso de Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín se concluyó que fueron “producto de una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado”, que se orquestó contra Asfaddes, algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica (UP).
Un grupo de excomandantes paramiliares declararon ante Justicia y Paz que “para la época de dichas desapariciones el hoy General Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [con la] interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”, indicando que Santoyo tuvo conocimiento de primera mano de los seguimientos a los integrantes de Asfaddes.
Antes de ser extraditado a los Estados Unidos, el otrora exjefe de seguridad de la Presidencia de la República reconoció haber participado en la “interceptación de líneas telefónicas”, en su calidad de “comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.
En el debate jurídico, la JEP concluyó que los hechos por los que es investigado el general tienen una relación directa con el conflicto armado interno.
La JEP le dio un plazo de diez días al oficial en retiro para que suscriba acta de sometimiento ante la Jurisdicción. Igualmente, se estudia si es vinculado al caso 06, conocido como la "victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado".
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Finalmente, como el sometimiento en la JEP es integral la Sala de Definición le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP remitir copia de las decisiones de fondo adoptadas en los procesos judiciales adelantados contra el general (r) Mauricio Santoyo y presentar un informe del contacto y ubicación de las víctimas relacionados con estos.
Después de ser deportado a Colombia el pasado 26 de abril tras cumplir una condena por tráfico de drogas, la Fiscalía General le impuso medida de aseguramiento al general (r) Santoyo.
