Investigan presunta cartelización de contratos del posconflicto

La FM estableció que un presunto 'cartel de contratos del posconflicto' fue descubierto a finales de 2019 en el marco de una convocatoria pública que buscaba a 13 operadores para las llamadas 'Obras PDET', con un presupuesto de 151 mil millones de pesos.

Cuatro empresas habrían incurrido en prácticas anticompetitivas, como la colusión, para hacerse a ocho contratos por cerca de 90 mil millones de pesos para la construcción de las 'Obras PDET', definidas como obras de baja escala y rápida ejecución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

Según indicios del Fondo Colombia en Paz, las empresas Colmucoop, Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación S.A.S, Proinmat y FC Construcciones, habrían realizado pactos para posar de rivales, pero respondiendo a un "único beneficiaro real" en ocho de los 13 proyectos de 'Obras PDET' que estaba ofertando el gobierno.

De acuerdo a los hallazgos del Fondo, presuntamente estas empresas "simularon ser rivales, con el fin de incrementar las posibilidades de adjudicación y disminuir la competencia entre ellos (...) se presentaron como “independientes” en varios de los grupos de la Convocatoria 7 y 13 de 2019, a pesar de que responden a un único beneficiario real. Es decir, se trata de un único agente de mercado que actúa bajo la fachada de varios competidores".

El Fondo Colombia en Paz ya puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio los indicios que encontraron respecto al presunto cartel, para que actúen según sus competencias.

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¿Cómo operaron las empresas presuntamente ‘cartelizadas’?

En marzo de 2019 fue abierta la Convocatoria 7 del Fondo Colombia en Paz que buscaba 13 operadores regionales para las obras de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. La convocatoria estableció que distintas empresas podrían presentar propuestas para los 13 contratos regionales ofertados, con montos entre los 4 mil y 28 mil millones de pesos, para un total de 151 mil millones.

Sólo cinco contratos por un total de $61 mil millones lograron adjudicarse sin traumatismos: los de las regiones de Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; Alto Patía y Norte de Cauca; Chocó y Pacífico Medio. Pero los ocho restantes, por el saldo de 90 mil millones, fueron declarados fallidos, es decir, no alcanzaron a firmarse, por la presunta cartelización de las empresas Colmucoop, Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación S.A.S, Proinmat y FC Construcciones.

De acuerdo a documentos oficiales, estas firmas integraron distintas Uniones Temporales que compartían las mismas oficinas, tenían funcionarios en común como el mismo contador y revisor fiscal, presentaron documentos similares, con los mismos errores, y se certificaron experiencias la una a la otra. También presentaron similitudes en cuanto a las "portadas de las ofertas, las pólizas de seguros consecutivas, la hora de radicación de las ofertas, los errores en la presentación de las ofertas y los dictámenes del revisor fiscal", dice un documento oficial del Fondo Colombia en Paz.

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¿A quiénes pertenecen las mencionadas empresas?

Todas son empresas de Neiva. Por ejemplo, la Fundación Colombia en Construcción F.C, constituida para actividades en comunidades indígenas, y la Cooperativa de Servicios y Comercialización Proinmat, son representadas legalmente por la misma persona: Olga Oxiris Rodríguez Borbón.

La Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación es representada por Camilo Patio Ramírez y por Belén Ramírez Vargas. Han suscrito 158 contratos con el Estado colombiano. 123 de ellos con Fonade, 6 con el Ministerio de Educación y 2 con la Alcaldía de Huila.

Con la Administración Pública Cooperativa de Municipios de Colombia -Colmucoop- pasa algo extraño en bases de datos del Estado. Ha cambiado su nombre a CPI Group Project and Investment Cooperative y es representada legalmente por Gustavo Mosquera Charry. Les aparecen 14 contratos con entidades estatales. En registros de prensa del Huila, le aparecen algunos inconvenientes en contratos de viviendas de interés social en ese departamento.