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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) está obligado a justificar ampliamente las razones que motivan el traslado de internos de una cárcel a otra.
Así lo advirtió la Corte Constitucional al señalar que el traslado sin justificación podría violar derechos fundamentales de unión familiar de los internos.
“Es claro para esta Corporación que no todas las personas privadas de la libertad podrán ser recluidas en su municipio de residencia ni en la proximidad de sus familias. Es por esto justamente que el Inpec cuenta con una facultad discrecional para tomar las decisiones correspondientes. Pero tal discrecionalidad no debe convertirse en arbitrariedad”, dijo la Corte.
Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, el Alto Tribunal señaló que el fin último del sistema carcelario es lograr la resocialización del recluso y para esto, preservar los vínculos con la familia y los seres queridos es una poderosa herramienta.
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“Si bien en esta ocasión existía un objetivo legítimo e incluso imperioso (combatir el hacinamiento en los establecimientos carcelarios), la entidad omitió considerar las repercusiones que su reubicación implicaba para la estabilidad emocional y económica de su núcleo familiar, integrado por su esposa y dos hijas menores de edad, ocasionando una afectación desproporcionada”, advirtió la Corte.
Esos pronunciamientos se hicieron al estudiar el caso de un interno que fue trasladado del centro de reclusión de Apartadó (Antioquia) al de Cómbita (Boyacá), decisión que le ocasionó problemas familiares y económicos.
La esposa del recluso interpuso la tutela argumentando que el traslado de su esposo afecto el bienestar emocional de sus hijos.
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Según lo que explicó en la tutela, el traslado de su esposo también afectó el sustento del hogar porque la mujer vendía los productos de carpintería y marroquinería que él elaboraba en la cárcel.
Sobre ese traslado, el Inpec respondió que la decisión se adoptó con el fin de reducir los niveles de congestión que presenta el lugar de detención.
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