Informe revelaría quién estuvo detrás del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

Con este crimen también se buscó intimidar imponiendo un clima de zozobra a los miembros que hacían oposición democrática.
Álvaro Gómez Hurtado, líder de Movimiento de Salvación Nacional
Crédito: Colprensa

La familia de Álvaro Gómez Hurtado entregó a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe en el que revelan la línea de investigación que demostraría que este caso fue un crimen de Estado, cuyo determinador habría sido el expresidente Ernesto Samper Pizano.

Sebastián Moreno, abogado de la familia del asesinado líder político, indicó que este informe denominado "Crónica de un crimen de Estado Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas, cinco lustros de tenebrosa impunidad".

Asimismo, sostuvo que en este informe "se retrata que este magnicidio configura claramente un crimen de Estado, porque se reúnen los elementos constitutivos de esta figura".

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De acuerdo con el jurista, las declaraciones de exmiembros del extinto cartel del Norte del Valle en más de 20 años de investigaciones, señalan como supuesto autor material de este crimen al excoronel de la Policía Nacional, Danilo González y como determinador, al expresidente Ernesto Samper Pizano.

"Claramente fue un crimen político por la naturaleza de los efectos en el plano que beneficiaron al régimen que había denunciado Álvaro Gómez Hurtado", manifestó.

El abogado Moreno indicó que con este magnicidio se silenció a una de las más calificadas y legítimas voces de la oposición del gobierno del expresidente Ernesto Samper, en el segundo semestre de 1995.

"Se argumenta que con este magnicidio se evitó que Álvaro Gómez Hurtado impusiera una agenda anti-samperista en el Noticiero 24 horas, que era uno de los de mayor audiencia de la televisión colombiana", indicó.

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Agregó que con este crimen también se buscó intimidar imponiendo un clima de zozobra a los miembros que hacían oposición democrática, además de altos funcionarios vinculados al escándalo político y judicial del denominado el 'proceso 8.000'.


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