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El 17 de septiembre de 2014, en pleno debate de control político que se adelantaba en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, el senador Álvaro Uribe Vélez se paró de la plenaria, hizo una llamada telefónica y se dirigió caminando hasta el Palacio de Justicia. En la Secretaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia radicó una denuncia en contra del congresista Iván Cepeda
En la acción judicial, Uribe sostenía que el congresista del Polo Democrático había visitado diferentes cárceles para obtener testimonios en su contra, todo esto a cambio de prebendas, beneficios jurídicos, cambios de cárcel y apoyo económico para sus familiares. El expresidente era evidente la animadversión que tenía Cepeda en su contra y su hermano Santiago Uribe Vélez.
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El 16 de febrero de 2018, la Sala de Casación Penal en un complejo y extenso fallo se abstuvo de investigar a Cepeda. En cambio, en una decisión pocas veces vista, compulsó copias para que se investigara a Uribe por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno. Esto al considerar que existan elementos que permitían inferir que al parecer había intentado, por medio de sus abogados, presionar a testigos para que enlodaran al dirigente de izquierda.
Con esto, Uribe se convirtió en denunciante a investigado, señalado de hacer lo que decía que Cepeda había hecho en su contra. El fallo de la Corte Suprema tenía tres bases esenciales: la declaración de varios exjefes paramilitares que se encontraban en la cárcel La Picota de ser presionados para declarar en contra del senador del Polo Democrático; la interceptación de llamadas telefónicas que evidenciarían su presión y las constancias de visitas a la cárcel por parte de sus abogados.
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El exmandatario respondió a esta petición de investigación asegurando que se había presentado una especie de triquiñuela para vincularlo con este caso. Fue así como convocó a sus abogados para pedir una solicitud de revisión y apelación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Uribe convocó a sus partidarios a las instalaciones del Palacio de Justicia para presentar el respectivo recurso jurídico. Sin embargo, como se pudo comprobar después, sus abogados presentaron el documento sin el factor diferencial, esta era la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encontraba en la cárcel La Picota pagando una sentencia de 40 años de prisión por su responsabilidad en diferentes delitos cometidos cuando hizo parte del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Esa mañana del 23 de febrero, el abogado Diego Cadena –quien hacía parte de la defensa de Uribe lo visitó en el centro carcelario con un documento en el que se leía que se retractaba de las acusaciones contra el exmandatario y acusaba, nuevamente, a Cepeda de estar detrás de este plan para afectar su buen nombre y honra. Sin embargo, Monsalve se negó a firmar tal documento.
En cambio, y en un plan que parecía sacado de una película, Monsalve grabó con un reloj la conversación que tuvo con Cadena y con Enrique Pardo Hasche –condenado por el secuestro del suegro de Andrés Pastrana- para que se retractara de sus acusaciones y firmara el documento, esto con el fin de conseguir muchos beneficios económicos y jurídicos.
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Igualmente, la esposa de Monsalve, grabó una conversación que tuvo en una cafetería en el centro de Bogotá con el abogado Diego Cadena. Un agente del CTI de la Fiscalía General también estaba en el mismo lugar reseñando apartes de la conversación en la que el jurista le manifestaba que existían muchos beneficios para el exparamilitar si aceptaba firmar la retractación acusando a Cepeda.
La Corte cuenta además con unas interceptaciones telefónicas realizadas a dos líneas celulares: una la del exmandatario y otra la del congresista Nilton Córdoba Manyoma, quien era investigado por el ‘cartel de la toga’. La interceptación de esta última línea fue suspendida cuando la Corte determinó que se había presentado “un error”.
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Sin embargo, toda esta información fue aportada al expediente pese a las críticas de la defensa que manifestaba que estas pruebas habían sido conseguidas de manera ilícita y no podían ser utilizadas en la investigación preliminar, argumentos que fueron rechazados por la Corte tajantemente.
El 24 de julio de 2018, en su cuenta de Twitter, el expresidente publicó la citación a indagatoria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y anunció su renuncia al Senado. Pocos días después, revirtió esta dimisión y señaló que tenía todo para demostrar su inocencia.
La indagatoria
Este martes, la recién creada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que asumió la investigación, escuchará los argumentos del exmandatario. El magistrado César Reyes Medina, quien adelanta la investigación, tiene listo 100 preguntas para el líder del Centro Democrático.
El despacho del magistrado ha escuchado en las últimas semanas más de 20 testimonios. Después de la indagatoria, la cual podría durar tres días, Reyes Medina deberá definir si existen méritos para llamar a juicio formal a Uribe o por si el contrario archiva el caso.
