Hidroituango.
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Cortesía: EPM.
9 Ago 2022 05:00 PM

Hidroituango: Imputan a nueve exfuncionarios por irregularidades en el proyecto

Entre los implicados se encuentran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
Danilo
Arias Henao
@viniloarias

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia avaló los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, en contra de nueve exfuncionarios que tendrían alguna responsabilidad en presuntas irregularidades en la contratación y el manejo del proyecto Hidroituango, entre los años 2011 a 2015. 

Entre los implicados se encuentran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos; el exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Restrepo

Los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar el denominado contrato BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), el 30 de marzo de 2011 para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero–Ituango. 

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Según el ente acusador, el proceso contractual habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva toda vez que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM, al parecer, para que quedara en manos de una empresa antioqueña. 

Además, para lograr esto, indica la Fiscalía, se habría incurrido en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios (EPM), fuera designado como contratista. 

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A través de un comunicado, Alonso Salazar y Federico Restrepo reaccionaron frente a la postura de la Fiscalía y aseguraron que no coinciden con esta visión y que tienen toda la tranquilidad de comparecer frente a la ley y demostrar la transparencia en sus actuaciones. 

“Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y educado ejercicio del poder punitivo”, se lee en el comunicado emitido por la defensa de ambos.