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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenaron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del Canal del Dique, la adopción de protocolos técnicos con el objetivo de asegurar que se haga de manera efectiva la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo de este megraproyecto.
La orden fue impartida por la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP.
La JEP precisó que esta determinación fue adoptada en el marco del trámite de unas medidas cautelares sobre el Canal del Dique, en cuyo lugar que estableció por un estudio del Grupo de Análisis de la Información habrían ocurrido más de 9.600 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015.
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De igual forma, los magistrados negaron la petición realizada por el colectivo de víctimas ‘La Ruta del Cimarronaje’ que buscaba la suspensión del proceso de licitación del proyecto ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’.
Según este tribunal especial, este tipo de solicitudes corresponden, en principio y por competencia a los jueces administrativos y sólo de manera excepcional a los magistrados de la JEP.
Los magistrados consideran importante responder a la preocupación por el riesgo “que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al canal”.
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La JEP recordó que el pasado 14 de julio convocó a una audiencia pública para los próximos 21 y 22 de octubre en Cartagena, con miras a escuchar a las comunidades afectadas, a los expertos, y a las autoridades públicas competentes para analizar y evaluar las medidas de protección y recuperación de los cuerpos en medio del proceso de licitación de esta megaobra de infraestructura del Canal del Dique.
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