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La Fiscalía General de la Nación reveló que ese organismo ya logró el esclarecimiento de 180 casos, de los 308 crímenes de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, reportados por la Oficina de Naciones Unidas entre 2016 y 2019.
De acuerdo con los investigadores, se trata de una cifra récord en los últimos cuatro años al presentarse una efectividad del 58% en los reportes recibidos por las autoridades.
“En 2016 la Fiscalía diseñó una estrategia de investigación para homicidios y amenazas que ha permitido alcanzar el índice más alto de esclarecimiento en la entidad con un 58%, que contrasta con el 22.8% del homicidio en general con corte a julio de 2019, dijo Camacho.
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En desarrollo de las investigaciones y ante las pruebas recolectadas por los fiscales, los jueces han emitido un total de 42 sentencias condenatorias por estos asesinatos, mientras que otros 55 casos se encuentran en etapa de juicio.
La Fiscalía General también indicó que 41 casos se encuentran en etapa de investigación con imputación de cargos, 40 en indagación con orden de captura, tres casos fueron precluidos por la muerte del indiciado y 125 hechos se encuentran en fase de indagación con órdenes a Policía Judicial.
De acuerdo con los investigadores, producto de este trabajo judicial se ha logrado la individualización de los presuntos responsables e identificado las causas de estos crímenes.
En el informe suministrado por la Fiscalía General se destaca que también ha sido posible identificar a los autores intelectuales en más de 51 casos.
Los fiscales a cargo del caso señalaron que por su presunta responsabilidad en estos graves hechos, han sido vinculadas penalmente a las investigaciones 460 personas.
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Asimismo, el reporte judicial advirtió que previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades de policía han logrado la captura de más de 305 personas señaladas de estar implicadas en estos homicidios de defensores de Derechos Humanos.
“Sobre estos homicidios la Fiscalía ha podido establecer que el 66.23% de estos casos ocurren en zonas rurales con complejas situaciones de orden público, como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, entre otros”, dijo Camacho.
En el reporte se destacó también que “las victimas de estos homicidios son principalmente líderes comunales, comunitarios, indígenas y campesinos”.
Por último, el 58,19 % de los homicidios son atribuibles a integrantes de una organización criminal. Los fiscales agregaron que en la mayoría de los casos, los principales actores armados detrás de estos homicidios son las bandas criminales, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
