Mario Uribe
Mario Uribe, exsenador.
Colprensa
21 Mar 2019 04:05 PM

Fiscalía relaciona a Mario Uribe con grupos paramilitares

El documento se conoció en el proceso que se adelantó contra el Bloque Suroeste de las AUC.
Rafael Pérez
Rafael
Pérez Becerra

Un informe de la Fiscalía 44 delegada ante Justicia y Paz fechado el 5 de enero de 2011 fue revelado en el marco del proceso que se adelantó contra varios desmovilizados del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia que delinquían en el departamento de Antioquia.

En el documento se hace referencia al apoyo político y financiero que recibió esta estructura criminal para expandirse por la región y ejecutar actividades criminales en contra de aquellos pobladores que consideraba cercanos a grupos subversivos.

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En este punto se citan a un grupo de reconocidos personajes de la región que habrían aportado dinero a dicho grupo con el objetivo de “combatir a la insurgencia”. En el proceso que se adelantó en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín otros exintegrantes de este grupo armado entregaron detalles de los financiadores.

Varios de ellos mencionaron al exsenador Mario Uribe Escobar –condenado en 2011 a ocho de prisión por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con grupos paramilitares- a su hermano Víctor Horacio Uribe Escobar y a la exgobernadora de Antioquia, Elena Herrán de Montoya de haber apoyado el proyecto de las AUC en la región.

Este grupo de “ciudadanos prestantes y acaudalados (…) comerciantes, ganaderos, cafeteros, mineros y finqueros” entregaron dinero para la obtención de armas y financiamiento en la lucha contra los grupos subversivos que delinquían en la región.

"En las fincas El Guáimaro, Los Naranjos, El Recreo y El Limón, propiedades del exsenador Mario Uribe Escobar, de la exgobernadora de Antioquia Elena Herrán de Montoya, ya fallecida, de Jorge Andrés Gallego y de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe Escobar, ubicadas en la subregión del suroeste, pernoctaban los hombres del Bloque Suroeste", precisa uno de los apartes de la sentencia revelada por el portal VerdadAbierta.

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En otro de los apartes de la decisión se señala que dicho grupo paramilitar recibió apoyo, alojamiento, alimentación y un espacio para realizar actividades de preparación militar y de logística para enfrentar a los guerrilleros.

“Los nombres de personas ilustres como Luis Ernesto Garcés Soto; la exgobernadora de Antioquia, Helena Herrán de Montoya, Mario Uribe, Horacio Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para citar solo algunos, han estado ligados a los grupos de ‘limpieza social’ –Las Escopetas- y paramilitares”, precisó.

En el fallo judicial se hace referencia al papel que cumplieron las denominadas Convivir con la conformación y expansión de este tipo de estructuras paramilitares en el departamento de Antioquia. Esta figura –advierte- fue defendida desde la institucionalidad pese a las acciones ilegales que adelantaron.

“Pese a las evidencias que existen sobre la participación de muchas de esas cooperativas en las acciones del paramilitarismo, ha defendido la validez de esa iniciativa como estrategia de seguridad”, precisa la decisión.

En este punto se llama la atención sobre el impulso que le dio el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe” en su mandato -1995 a 1997- a estas Convivir: “Contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos de los municipios y se convirtieron en una especie de brazo legal de los periodistas”.

Los testimonios recolectados indican que el Bloque Suroeste contó con el apoyo de comerciantes, propietarios de tierra, algunos pobladores y miembros de las autoridades civiles y militares “Para la comisión de sus crímenes”.   

En la condena contra el excomandante paramilitar Germán Pineda López, conocido con el alias de ‘Sindi’ la Sala de Justicia y Paz advirtió que la Fiscalía General “no aportó la identificación de las personas que solicitaron la creación del grupo paramilitar y que se comprometieron con su financiación, solo dijo que eran personas influyentes de la subregión”.

Debido a esto se presenta un “vacío” que impide “saber con certeza quiénes fueron los auspiciadores del grupo que contribuyeron voluntariamente a su financiación” en el departamento de Antioquia.