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La FM conoció que tras insistentes requerimientos, la Fiscalía General de la Nación sigue a la espera de que la Interpol emita la circular roja con el fin de lograr la captura internacional de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien se encontró prófugo de la justicia tras ser considerado uno de los protagonistas del escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
El grupo especializado que coordina la macroinvestigación para judicializar a los responsables del saqueo de recursos de la UNGRD, en cabeza de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, solicitó nueva información sobre el trámite y se le indicó por parte de Interpol Colombia que la petición de circular roja está en la sede principal en Lyon, Francia, de la Organización Internacional de Policía Criminal siendo evaluada.
La Fiscalía insistió que una vez el Tribunal Superior de Bogotá dictó la medida de aseguramiento y correspondiente orden de captura, desde el pasado 04 de julio dirigió las respectivas comunicaciones a la oficina en Colombia de Interpol para la emisión de la circular roja.
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Tras advertirse que desde la Embajada de Colombia en Nicaragua se habría solicitado y respaldado, a través de un escrito del 21 de mayo pasado, el otorgamiento de una cédula de residencia por parte de ese país a Carlos Ramón González, y es que ese mismo día, mientras era radicada esa petición, se adelantaba en Colombia la audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector del DAPRE y en dicha diligencia fueron los propios investigadores del CTI que luego de labores de rastreo y verificación de los sistemas de monitoreo de comunicaciones, dejaron al descubierto que el exfuncionario, se conectó virtualmente a la diligencia desde Managua, Nicaragua y ello fue uno de los argumentos para advertir su estrategia para evadir la justicia en Colombia.
Los hechos por los que es investigado Carlos Ramón González se remontan al periodo entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, cuando González, en su calidad de director del Dapre, habría solicitado contratos por un valor de 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado Iván Name, y más de 10.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos congresistas hoy bajo detención por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, según estableció la Fiscalía, ante la insistencia de ambos congresistas se determinó el acuerdo de pagos en efectivo que ascendieron a los 3.000 millones de pesos para Iván Name Vásquez y a los 1.000 millones de pesos para Andrés Calle.
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Una ejecución irregular de recursos que habría sido ejecutada por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, protagonistas de este entramado de corrupción, este último exfuncionario quien se encargó de gestionar los dineros.
