Unidad de Víctimas, bajo la lupa por presunto carrusel de contratos ligado a Gustavo Moreno
Cerca de 479 contratos tendrían nexos con el senador Gustavo Moreno para contratistas con raíces de Santander, el mismo día del congresista.

Se conoce un presunto carrusel de contratación al interior de la Unidad para las Víctimas del Conflicto Armado, que tendría vínculos con el senador Gustavo Moreno, el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, todos con cercanía política al departamento de Santander.
De acuerdo con información revelada por Revista Semana, existirían cerca de 479 contratos en la Unidad de Víctimas que evidenciarían el fortín político liderado por el senador Moreno, financiados con recursos de la entidad, y en el que funcionarios de Santander serían los principales beneficiados.
En ese marco, Adith Romero, exescolta de la Alcaldía de Barrancabermeja y actual director de la Unidad, habría favorecido a al menos 157 contratistas oriundos de Santander, el mismo departamento del senador Moreno.
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Según el informe, de los contratos vigentes: 157 corresponden a Santander (32 %), 104 a Bogotá, 39 a Norte de Santander, 29 a Boyacá y el restante, 150, se distribuyen en otros 20 departamentos.
La contratación tendría, presuntamente, una relación directa con el senador Gustavo Moreno como parte de un acuerdo político con el Gobierno de Gustavo Petro, a cambio de su apoyo a las reformas en el Congreso. Este poder se habría consolidado desde junio de 2024, cuando Romero asumió la dirección de la Unidad, donde además habría promovido proselitismo en favor de Moreno, quien busca continuar en el Senado para el periodo 2026.
La Unidad de Víctimas administra cada año un presupuesto cercano a 4,5 billones de pesos, destinados a la atención de casi 10 millones de víctimas del conflicto, entre ellas personas desplazadas y secuestradas.
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Ante estas denuncias, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República adelantan investigaciones sobre este presunto fortín político y carrusel de contratos que pondría en riesgo los recursos destinados a las víctimas, al quedar bajo el control del clan político del senador Gustavo Moreno.