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La Fiscalía General dejó en claro que el preacuerdo suscrito con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, por el cual la Corte Suprema lo condenó a 5 años y 4 meses de prisión, solo se relaciona con el delito de concierto para delinquir por los hechos de corrupción con los dineros de las regalías.
De igual forma, hizo énfasis en que el preacuerdo contempla que el exgobernador no tendrá derecho al beneficio de la casa por cárcel.
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No obstante, señaló que en la actualidad se adelantan otras diez investigaciones en relación con el homicidio de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de regalías de Córdoba; el proceso sobre el denominado cartel de la hemofilia; los presuntos tratamientos a pacientes inexistentes por síndrome de Down; el caso de los reconocimientos pensionales a docentes; el proceso por las terapias a enfermos mentales y el expediente sobre los tratamientos inexistentes a enfermos de sida.
De igual forma, la investigación por el carrusel en la educación; el proceso por otros contratos de ciencia y tecnología; las irregularidades en contratación directa en el departamento de Córdoba y la extinción de dominio de bienes adquiridos por el exgobernador y su núcleo familiar, en el que fueron incautados seis predios (315 hectáreas).
“Devolver el dinero del que se adueñó Alejandro Lyons en desarrollo de actos de corrupción en materia de regalías en el departamento de Córdoba. Este reintegro se refiere a la suma de 4 mil millones de pesos”, señaló la Fiscalía.
Testigo clave
También aclaró que el principio de oportunidad concedido a Lyons, frente a los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, se dio a cambio de que colabore eficazmente para esclarecer los actos de corrupción contra la administración de justicia, a nivel de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo caso aparecen implicados tres exexpresidentes de ese alto tribunal y un exdirector nacional de la Fiscalía.
Asimismo Lyons se comprometió a declarar contra un miembro del Congreso de la República, que presuntamente intervino en actos de corrupción regional en el departamento de Córdoba, los miembros de la administración departamental, de nivel directivo, involucrados en graves irregularidades en contratos, y un un abogado litigante partícipe del concierto para delinquir.
La Procuraduría y la Contraloría también iniciaron investigaciones en las cuales se espera se obtenga la plena responsabilidad del exgobernador a nivel disciplinario y fiscal, mediante el correspondiente resarcimiento del daño total al patrimonio público.
