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El 10 de abril se llevó a cabo la cuarta y última audiencia de consolidación de aportes de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde avanzaron en una audiencia clave para el esclarecimiento de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2006 y 2008.
Con esta audiencia se busca reconstruir lo sucedido, contrastar versiones que durante años permanecieron fragmentadas y definir la situación jurídica de 68 exintegrantes de la fuerza pública.
La diligencia, presidida por el magistrado Mauricio García Cadena, reunió a comparecientes del Batallón de Ingenieros No. 8 ‘Francisco Javier Cisneros’, vinculados a 19 casos de civiles presentados como bajas en combate en Filandia, Calarcá, Salento, Quimbaya y Montenegro, además de un hecho en La Victoria, Valle del Cauca.
En la audiencia, 11 comparecientes que participaron de manera presencial reconocieron su responsabilidad directa en estos hechos, en un proceso no sancionatorio que exige verdad plena, reconocimiento y compromisos de no repetición para acceder a beneficios jurídicos.
“Una maquinaria perfectamente estructurada”: órdenes, presión y ejecuciones
Durante la diligencia, los exmilitares no solo aceptaron su participación, sino que describieron una lógica interna basada en órdenes, presión jerárquica y distribución de roles. El compareciente Jairo Alonso Yasno Triana reconoció su participación en el asesinato de José Mesías Matambachoy Bedoya, ocurrido el 4 de enero de 2007 en Calarcá, así como la manipulación de la escena para hacerlo pasar como combate.
A su vez, Juan Pablo Barrera admitió haber firmado órdenes de operaciones en asesinatos en Filandia, mientras que Ricardo Ojeda García reconoció haber autorizado acciones en Montenegro. Otros comparecientes como Hansel Rodríguez señalaron que dentro del batallón “cada uno tenía su rol… era una maquinaria perfectamente estructurada”, lo que evidencia un funcionamiento organizado.
En algunos relatos, incluso se describió una presión directa para ejecutar los hechos. El compareciente Juan Carlos Ostos Cepeda reconoció que amenazó a subalternos para que cumplieran órdenes, argumentando que se trataba de disposiciones superiores, lo que refleja la cadena de mando y la coerción interna en la ejecución de estos crímenes.
Familias: “no fueron errores, fueron crímenes planeados”
En contraste, los familiares de las víctimas insistieron en que estos hechos deben ser entendidos en su dimensión real. Señalaron que durante años enfrentaron versiones que presentaban a sus seres queridos como delincuentes, mientras hoy exigen una verdad completa que reconozca responsabilidades.
“No queremos una verdad parcial ni una versión que justifique lo ocurrido, sino una verdad que ilumine años de silencio”, expresaron, al tiempo que recalcaron que lo ocurrido no fueron hechos aislados, sino prácticas sistemáticas que afectaron a múltiples familias en el departamento.
Además, pidieron que las víctimas sean recordadas por sus vidas y no por los señalamientos con los que fueron presentadas tras su muerte, en un llamado que apunta a la reparación simbólica y a la reconstrucción de la memoria.
Falsas operaciones, engaños y selección de víctimas
Los relatos permitieron establecer que se emitían falsas órdenes de operaciones para justificar desplazamientos a zonas rurales, donde los pelotones eran divididos en grupos encargados de simular retenes, asegurar el área y ejecutar a las víctimas.
En varios casos, las víctimas eran previamente perfiladas, engañadas con ofertas de trabajo o retenidas bajo supuestos controles militares. Una vez en el lugar, eran asesinadas tras señales previamente acordadas. Posteriormente, los cuerpos eran manipulados con armas y disparos para construir la versión de combate.
Estos patrones se repitieron en distintos municipios del Quindío, lo que refuerza la hipótesis de una práctica sistemática. Incluso se documentaron casos en los que las víctimas eran seleccionadas por su conocimiento de hechos previos o por su vulnerabilidad.
Simulación de combates, beneficios y encubrimiento
Los testimonios también evidencian prácticas de encubrimiento más complejas, como la coordinación previa de los hechos, la instrucción sobre lo que debían declarar y la manipulación del terreno. En algunos casos, se simulaban enfrentamientos mediante disparos entre los propios militares e incluso se llegó a herir a un soldado para dar credibilidad a los reportes.
Además, se conocieron elementos sobre los incentivos dentro de la lógica militar de la época. Uno de los hechos simbólicos de la audiencia fue la entrega de una medalla por parte del compareciente Heriberto Clavijo Cruz, quien reconoció que ese reconocimiento había sido otorgado por resultados que en realidad correspondían a homicidios, gesto que fue recibido por familiares de las víctimas como un acto de reconocimiento del daño causado.
Frente a este nivel de detalle, el proceso ante la JEP avanza en el esclarecimiento de lo ocurrido, pero mantiene el reto de traducir estos aportes de verdad en resultados concretos en materia de justicia y reparación, en un contexto donde las víctimas siguen exigiendo respuestas integrales tras años de silencio e impunidad.
