Fiscal, magistrados y ministros serían reportados por movimientos financieros sospechosos

 

El decreto, que fue anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, busca delimitar con precisión qué funcionarios públicos se consideran personas expuestas políticamente con el fin de que las entidades que están obligadas a reportar operaciones financieras sospechosas, puedan tener alarmas oportunas sobre esos movimientos de recursos.

 

“De esta manera se busca que estas entidades puedan trasladar esa información a la unidad de análisis financiero o a las entidades de control para vigilar que esos movimientos de recursos corresponden a actuaciones que se ajustan a la ley y que no corresponden a operaciones de lavado de activos o de hechos de corrupción”, dijo Enciso.

 

También indicó que en esta lista entrarían funcionarios a los que actualmente no se les ha encaminado de manera precisa las responsabilidades en materia de corrupción en sus funciones.

 

“Entrarían por ejemplo los ministros, los directores de departamento administrativo, los superintendentes, los alcaldes, al fiscal e incluso a los magistrados de las altas cortes, también a los tesoreros ya que muchas veces en las entidades territoriales tienen opciones de aprobación de giro de recursos y que por ese poder que tienen a veces terminan involucrados en redes de corrupción. Le estamos apuntando a los más altos cargos del Estado, de mayor visibilidad”, añadió.

 

En cuanto a los familiares de esos funcionarios del estado, Enciso manifestó que no se incluyeron por ahora, pero es un tema que se sigue estudiando teniendo en cuenta que siempre hay nexos entre unos y otros, y se espera que se pueda en los próximos meses avanzar en ese sentido.