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22 Mar 2018 04:06 AM

Familia de menor abusada por exfuncionario del ICBF se desplazó tras estigmatización

A doce años de cárcel fue condenado el abogado que fue hallado por la madre de la víctima, cometiendo el abuso en Sutamarchán, Boyacá.

El Juez Primero Penal Municipal de Chiquinquirá condenó a 12 años de cárcel al abogado Carlos Enrique Muñoz Sotelo, al hallar pruebas fehacientes de la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Sutamarchán (Boyacá) el 16 de julio del 2016, cuando la madre de la víctima de 10 años sorprendió al abogado del ICBF abusando de la pequeña que cursaba quinto grado de primaria. Desde entonces ha vivido una odisea junto con su familia.

El juez ordenó al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá que se inicie un proceso disciplinario por violación al Código Disciplinario del Abogado contra Sotelo, y que posteriormente se cancele la tarjeta profesional por los daños causados a la víctima y a su familia.

El condenado fue secretario de gobierno del municipio de Chivor, y en la fecha en la que ocurrió el abuso era asesor jurídico de la dependencia de cobro coactivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con sede en Tunja.

La Fiscalía General de La Nación apelará el fallo por considerar que es menor a los daños y perjuicios psicológicos generados a la víctima; lo mismo hará la defensa, que considera que se debe reducir la pena impuesta al abogado puesto que nunca se declaró culpable ni aceptó los cargos que impuso el ente acusador.

Revictimización

Indignación ha generado en Boyacá que la familia de la menor tuviera que desplazarse del municipio, dejando su vida a un lado por el matoneo del que eran víctimas por familiares, amigos y conocidos del agresor.

Ofensas, rumores, insultos y toda clase de acoso sufrieron los parientes de la menor que, cansados de la estigmatización, decidieron abandonar su vida para emprenderla en otro municipio boyacense.

Astrid Castellanos, directora de la Casa de la Mujer de Tunja, aseguró que es sorprendente e indignante que pese a afrontar una situación tan grave como lo fue el abuso de la pequeña, ahora tuvieran que salir desplazados por el bullying del que fueron víctimas desde el 2016.

"Desde la Casa de la Mujer sentamos nuestra voz de protesta porque hemos conocido el caso de cerca y hemos acompañado a la madre y a la niña que han sido revictimizadas, discriminadas, y señaladas por un municipio que, además, pareciera que en el fondo aplaude un acto tan vil. Esa es la evidencia de una sociedad cómplice con este tipo de delitos", dijo.

Frente a la condena de 12 años contra el abogado Carlos Enrique Muñoz Sotelo, la calificó de irrisoria y dijo que no es proporcional a las eternas consecuencias con las que vivirá la menor y su familia. "Es lamentable que exista todavía en esta justicia personas que no dimensionan el daño que se hace a una menor con un delito como este", agregó.

Castellanos recordó que en la etapa procesal se registraron, según ella, inconsistencias por la posición social del agresor en las que tuvo que intervenir incluso la Procuraduría para garantizar que los derechos de la niña no siguieran siendo vulnerados.

"Por la complacencia de muchas autoridades en este caso tuvo que intervenir la Procuraduría Regional de Boyacá, porque hubo anomalías en todo el manejo de la atención de la niña y del proceso penal", señaló.

La justicia, subrayó, en delitos como este se queda corta y a veces hasta ciega porque no se castiga de manera ejemplar sino que se deja un velo de impunidad. "Este mensaje de impunidad es el que queda en el imaginario colectivo y por eso los agresores viven tranquilos y saben que finalmente con todas las artimañas jurídicas pueden lograr inclusive rebaja de penas", dijo.

La defensora de los derechos de la mujer en Boyacá añadió que mientras no se endurezcan las penas y se tipifiquen los delitos de acuerdo a las conductas que realmente suceden, los agresores seguirán haciendo de las suyas y las mujeres continuarán engrosando el listado de víctimas en el país.

"Este es un caso que demuestra que las mujeres en Colombia vivimos otra clase de violencia, la institucional", concluyó.