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La Corte Constitucional aceptó estudiar una solicitud de declaración de impacto fiscal que fue presentada por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de diferir la sentencia de ese tribunal que tumbó el artículo de la Reforma Tributaria que prohibía deducir las regalías en el impuesto de renta que es pagado por las empresas dedicadas a la explotación minera.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez explicó que los efectos de esa sentencia quedarán suspendidos mientras se hace el estudio de los argumentos de la solicitud de declaración de impacto fiscal, por lo que el artículo volverá a tener vigencia.
“Estarán suspendidos los efectos de la sentencia con lo cual recobra su vigencia esa norma, hasta tanto resolvamos el incidente, cosa que haremos a más tardar dentro de los días siguientes contados a partir de la audiencia”, afirmó el magistrado.
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El magistrado explicó que la petición del Gobierno tiene como objetivo sustentar posibles medidas que puede declarar la corte para que los efectos de la sentencia sean diferidos, por lo menos, hasta el 2025. Esto, con el propósito de evitar un daño por falta de recursos.
“Tiene como propósito, eventualmente, diferir en el tiempo los efectos de una decisión adoptada por la corporación. Ese es un análisis de fondo que es el que requiere una sustentación y una justificación allá en su momento, y por eso no me puedo adelantar”, agregó el Ibáñez.
El tribunal resaltó que, con esta decisión, el Gobierno Nacional podrá implementar los efectos, lo que representaría que generaría los recaudos de los dineros de las regalías de 2024 mientras las Corte Constitucional escucha, estudia y decide los efectos definitivos de la sentencia emitida a finales del año pasado.
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“Lo que corresponde a los recaudos del año 2024, como toda la sentencia, pero ahora se suspende, quiere decir que es probable que pueda aplicar la ley en tanto en cuanto está suspendida la sentencia por ahora mientras resolvemos el iniciante de impacto fiscal”, concluyó el magistrado.
La corporación dice esperar a realizar la audiencia en la que el Gobierno explicará las razones para diferir los efectos el próximo 17 de mayo y a partir de ese día, correrán términos de diez días para que el tribunal tome una decisión final.
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