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Este viernes se desarrolló la primera audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por cinco casos de falsos positivos de los casi tres mil ocurridos en Colombia.
Específicamente, se abordaron cinco de los falsos positivos de Soacha (Cundinamarca). En esta oportunidad se citó a 14 miembros de la Fuerza Pública: dos oficiales, un suboficial y once soldados de las Fuerzas Militares.
Los militares firmaron el acta de compromiso y de sometimiento a la JEP en la que se comprometen a contar la verdad de todo lo ocurrido y contribuir a la reparación de las victimas. Anteriormente ellos habían firmado el acta de ingreso a la JEP que les otorgó beneficios como traslados a sitios especiales de reclusión o libertades transitorias.
"Para las personas que manifiesten su intención de acceder al tratamiento especial previsto en el componente de justicia del sistema, es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición", explicó el magistrado Pedro Elías Romero presidente de la Sala de Definición Jurídica de la JEP.
Al suscribir esta acta, y si se cumple con estas condiciones de contar en detalle lo ocurrido, reparar a los familiares de los jóvenes asesinados y no reincidir, los militares pueden recibir beneficios como libertades anticipadas o traslado a lugares especiales de reclusión como guarniciones militares.
Sin embargo, si no se contribuye a la verdad o se reincide recibirán sanciones contempladas dentro de justicia ordinaria o expulsión de la JEP.
Uno de los que firmó el acta es el teniente coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado, jefe de Operaciones de la Brigada 15, quien fue condenado a 46 años por homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con el expediente, los militares tenían en Soacha (Cundinamarca) a dos civiles que reclutaban a los jóvenes con falsas promesas de trabajo.
Los reclutadores recibían 1 millón de pesos por cada joven que posteriormente sería asesinado y presentado como miembro de grupos ilegales muerto en combate. Por cada baja, los militares recibían incentivos como condecoraciones y permisos.
Las víctimas fueron Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez.
De los 14 militares que firmaron el acta actualmente uno está libre, siete están recluidos en guarniciones militares y los otros seis presos en cárceles ordinarias.
