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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles la imputación de 14 crímenes de guerra y lesa humanidad a 10 integrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Los crímenes afectaron el "derecho a la identidad cultural de los pueblos ancestrales indígenas y afrocolombianos y las comunidades campesinas asentadas en 17 municipios" del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, explica la JEP, y dejaron más de 1.700 víctimas.
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En esta decisión, por primera vez, la Jurisdicción Especial está imputando cargos por reclutamiento forzado de menores, como parte del Caso 05. Los otros crímenes de guerra por los que tendrán que responder los 10 imputados son "homicidio; atentados contra la vida y la integridad corporal; ejecuciones sin previo juicio (...); dirigir intencionalmente ataques contra la población civil; utilización de minas antipersonal y destrucción del medio ambiente", los cuales violaron el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Los 10 imputados son:
- Diego Ardila Merchán
- José Gregorio Lasso Céspedes
- Efrén Núñez Pulido
- Remigio Valero Ríos
- Gloria Ramírez Basto
- Reinel Natalio García Mujica
- Braulio Vásquez Fonseca
- James Castro Jaramillo
- Heriberto Reina Suaza
- José Antonio Muñoz
Los cinco primeros hacían parte de la columna móvil Gabriel Galvis, y otros, de la Jacobo Arenas.
Históricamente, la zona donde se cometieron estos crímenes había sido estratégica para las Farc, pues les permitía moverse desde el occidente hacia centro del país. Y las dos columnas móviles tenían como meta lograr control social y territorial para "construir una sofisticada estructura armada en el sur del país que les permitiera tomarse Cali, Popayán, Pasto y el litoral pacífico", explica la JEP.
"El propósito final era declarar un gobierno provisional y desde ahí expandir su presencia y obtener el poder mediante el uso de las armas", precisa la jurisdicción.
Cabe recordar que, en su momento, las Farc condicionaban los inicios de diálogos al despeje de Pradera y Florida (dos municipios del Valle que les habría servido para consolidar ese dominio), algo a lo que el Gobierno, sobre todo el de Álvaro Uribe Vélez, nunca accedió.
Como parte de esa estrategia para dominar esa zona, las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas perfilaron y se enseñaron contra comunidades afro e indígenas, lo que empeoró sus condiciones de pobreza, relata la JEP, que hace especial énfasis en las tomas guerrilleras en varias poblaciones y que fueron "totalmente desproporcionadas":
- Toribío, el 11 de julio de 2002, 14 de abril de 2005 y 9 de julio de 2011
- Caldono, el 9 de febrero de 1997, 8 y 9 de junio de 1999
- Jambaló, el 25 de octubre de 2003
- Suárez, el 31 de enero de 2000
- Caloto, el 13 de enero de 1997
- Santander de Quilichao, el 9 y del 10 de marzo de 1999
- Corinto, el 28 de diciembre de 1995
- Morales, el 8 de abril de 2012
- Pradera, el 29 de abril de 2011 y el 31 de octubre de 2012
El reclutamiento forzado
De acuerdo con la JEP, las dos columnas móviles forzaron a las comunidades afro e indígenas para engrosar las filas guerrilleras, pero sin permitirles ser parte de la comandancia: "(...) generalmente eran ubicados como jefes de milicia o mandos medios para aprovechar su relacionamiento con las comunidades, lo cual no les daba mayor poder, pues estaban sometidos a un férreo sistema de sanciones en las cuales la indisciplina podía ser castigada con la muerte".
Y todo esto reprodujo "modelos de dominación étnico-racial que se originaron desde hace siglos", desconoció la autodeterminación de los pueblos y fracturó los procesos organizativos propios de las comunidades. A esto se suma que los jóvenes vivían en la incertidumbre: o eran obligados a integrar las filas guerrilleras o tenían que irse de los cascos urbanos porque la fuerza pública los señalaba de ser guerrilleros.
