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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso de un ciudadano estadounidense, originario de Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, en medio de señalamientos relacionados con presuntos hechos de violencia sexual contra menores adoptados en el país.
El mandatario afirmó que, de acuerdo con indicios preliminares, no se habrían configurado los delitos inicialmente difundidos en redes sociales y algunos medios, y pidió prudencia frente a la información que circula mientras avanzan las investigaciones.
“Al parecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento al comer mal. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, escribió en su cuenta de X.
Ante este tema, y con el objetivo de aclarar posibles casos de desinformación sobre lo ocurrido y la actuación institucional, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que está descartada la violencia sexual contra los tres menores involucrados en el caso ocurrido en el barrio Navarra, en Usaquén, y señaló que el principal impacto se concentra en el proceso de adopción que adelantaban.
Durante la entrevista en La FM, la funcionaria explicó que las verificaciones se realizaron en coordinación con autoridades judiciales. “Está completamente descartado el tema de violencia sexual”, indicó, tras señalar que la información fue confirmada junto a la Fiscalía.
Sobre el estado de los menores, precisó que presentan afectaciones derivadas del hecho. “Están afectados un poco por el hecho. La situación ocurrió de una manera fuerte”, afirmó.
¿Qué pasó con los niños en el caso de Navarra?
Cáceres explicó que los menores permanecen bajo protección institucional. “Están en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se les practiquen algunas pruebas técnicas”, señaló.
También indicó que se adelantan procedimientos especializados para esclarecer lo ocurrido. “Entrevistas forenses para efectos de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.
En relación con el proceso que adelantaban, la directora indicó que el caso tiene implicaciones directas. “El proceso estaba ya en su etapa final de integración”, explicó.
Agregó que este procedimiento era monitoreado por profesionales. “Monitoreado por una psicóloga que estaba acompañando los últimos días de integración”, dijo.
Sobre el impacto del caso, fue enfática en señalar su alcance. “Ese proceso en este momento está afectado”, afirmó. Indicó además que los menores estaban en etapa de convivencia con la familia adoptante. “Estaban con su mamá y su papá adoptiva que estaban en el proceso”, señaló.
Frente al futuro del proceso, explicó que se deben realizar revisiones. “El proceso es el que requiere toda la revisión correspondiente y por ley nos toca hacerlo”, indicó.
¿Qué pasará con el proceso de adopción tras lo ocurrido?
Sobre la continuidad del proceso, la directora señaló que aún no hay una decisión. “Vamos a ver qué sucede. Están muy recientes los hechos”, afirmó.
También indicó que el caso sigue bajo análisis institucional. “La institución y los organismos internacionales de adopción estarán pendientes de saber cómo continúa el proceso”, dijo.
En cuanto al ciudadano involucrado, mencionó información recibida de autoridades judiciales. “La Fiscalía nos reportó que fue liberado”, señaló.
La funcionaria insistió en la importancia de aclarar lo ocurrido públicamente. “Es muy importante tener claro que ellos están bien en ese sentido”, afirmó, en referencia a la ausencia de violencia sexual.
También advirtió sobre el impacto de la información difundida. “Para ellos, dentro de la huella digital, también ha sido muy grave”, indicó.
En relación con el proceso de adopción, explicó sus características. “Tiene muchos filtros y canales para comprobar la idoneidad de las familias”, señaló. Detalló que estos procesos incluyen varias evaluaciones. “Hay categorías muy fuertes en la revisión desde lo físico, moral y social”, afirmó.
Sobre la duración, indicó que pueden extenderse en el tiempo. “Pueden demorar lo que se requiera. Tenemos procesos de hasta tres años”, dijo. Respecto a este caso, precisó su duración. “Llevaba casi un año en el organismo internacional y casi dos años en el proceso con el ICBF”, señaló. Hizo un llamado sobre el manejo de la información. “Una cosa es la alerta ciudadana y otra la especulación”, afirmó.
Agregó que la difusión de versiones sin verificación afecta a los menores. “Todo eso ha afectado los procesos de los niños”, indicó. Concluyó destacando la necesidad de esperar resultados oficiales. “Hay que esperar los procesos de investigación para saber qué fue lo que ocurrió”, afirmó.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
