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La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años al exdirector de Medicina Legal en Mocoa (Putumayo), tras encontrarlo responsable de violación a menores de edad.
Según los hechos narrados en las audiencias públicas disciplinarias, el exfuncionario contactaba a las menores a través de una mujer, que obligaba a las niñas a acostarse con él a cambio de dinero.
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Las investigaciones iniciaron por la denuncia de la mamá de una de las niñas menor de 14 años y miembro de la etnia Inga. Los hechos habrían ocurrido entre febrero y marzo de 2018 cuando la menor tenía 13 años.
La Procuraduría confirmó que el hombre utilizaba la sede del Instituto de Medicina Legal para recibir a las menores de edad, en donde les pedía besos en la boca y planeaba los encuentros sexuales.
“Para recibir a las menores con propósitos diferentes a la misión de la entidad, abusando de su cargo “en una oficina pública para realizar tocamientos y dar besos a las niñas a cambio de dinero, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad familiar, afectiva y económica”, dijo la Procuraduria.
La sanción también cobija el delito de peculado por uso, porque se comprobó que el hombre utilizó en varias oportunidades la camioneta asignada a la dirección de la entidad para trasladarse a los moteles donde tenía los encuentros sexuales con las menores de edad.
“Él nos recogía en el puente de Mocoa en una camioneta blanca y nos llevó a un motel. En ese lugar nos dijo que tuviéramos relaciones sexuales con mi amiga. Es decir, las dos miramos lo que ese hombre nos hizo a cada una”, dice uno de los relatos de la menor indígena victima de los abusos.
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En el estudio disciplinario, la Procuraduría calificó la conducta del exfuncionario como “faltas gravísimas, a título de dolo, porque era consciente del comportamiento que desarrollada, máxime cuando era un tema que manejaba en su función como servidor público”.
La Procuraduria también cuestionó el hecho de que el hombre conocía las gravedades de su conducta por “su condición de médico y director seccional del instituto de Medicina Legal en Putumayo”.
La Procuraduria dijo en el fallo que afectó “los derechos de la víctima menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Inga, derechos que prevalecen sobre los demás por mandato constitucional”.
Debido a que el fallo es de primera instancia, la defensa del exdirector de Medicina Legal interpuso recurso de apelación que será resuelto en una segunda instancia disciplinaria.
