La FM en Google News
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la exclusión de la rama judicial del exmagistrado Francisco Ricaurte, condenado a 19 años por el escándalo de corrupción en la justicia conocido como ‘el cartel de la toga’.
Los efectos de la decisión cancela la credencial de abogado y, por lo tanto, no podrá volver a ejercer esa profesión.
De interés: Citan a declarar a cinco exjefes paramilitares en la JEP por violencia en Nariño
“Exclusión del ejercicio de la profesión de abogado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, por participar como intermediario en el cobro de dinero para afectar los procesos judiciales que adelantaba la Corte Suprema de Justicia”, señala un comunicado sobre la decisión.
En ese caso, se comprobó que Ricaurte intercedió en el intento de manipular proceso a favor de los investigados por la Corte, los excongresistas Álvaro Ashton, Musa Besaile Fayad, Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez Ramírez.
Para confirmar ese fallo, la Comisión de Disciplina tuvo en cuenta el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien también está condenado por los hechos y llegó a un acuerdo con la justicia.
“Las pruebas del plenario, especialmente el testimonio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, en el que se revelaron hechos sobre el funcionamiento de una organización criminal dedicada a obtener favores procesales a cambio de dinero u otros beneficios”, precisó la Comisión.
Más en: A la cárcel profesor acusado de abuso sexual a estudiantes
En el fallo, se concluyó que el exmagistrado “aconsejó, patrocinó o intervino en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, falta establecida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007”.
La decisión se tomó con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, en la que también se concluyó que Ricaurte “causó un inmenso perjuicio a la profesión de abogado y además, contribuyó a que la Rama Judicial en cabeza de una alta Corte como administradora de justicia de Colombia, sea altamente cuestionada por los administrados”.
