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La Fiscalía General de la Nación citaría antes de finalizar el año a responder en interrogatorio al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; a su ex asesora María Alejandra Benavides, al directivo de la Función Pública, César Manrique.
También sería citados el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González, en desarrollo de la investigación que se sigue por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
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De acuerdo con los investigadores una eventual imputación o archivo en los procesos penales contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de los demás funcionarios salpicados en este escándalo de corrupción dependerá del curso de las labores judiciales que lideran las fiscales a cargo del caso.
Para ese fin, el grupo especial de fiscales que coordina estas investigaciones avanza en la práctica de toda una serie de pruebas que conlleva un proceso de este tipo de connotación nacional.
Así mismo, pese a la imputación formulada contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, la Fiscalía sigue llevando a cabo sesiones de trabajo con estos tres primeros implicados para definir si procede concretar una eventual negociación, que sería bajo la vía de una principio de oportunidad parcial y un preacuerdo.
Cabe señalar que durante la audiencia de imputación la fiscal 79 delegada contra la corrupción, Andrea Muñoz, les formuló cargos por cinco delitos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y al contratista de pasto Luis Eduardo López.
Muñoz argumentó que hay pruebas contundentes de que hicieron parte de una empresa criminal que saqueó los millonarios recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La fiscal delegada reveló que el concierto para delinquir se ejecutó en la entrega de los 4 mil millones de pesos a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle, bajo la orden del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y director nacional de Inteligencia Carlos Ramon González, a cuyo cargo renunció tras ser mencionado en este escándalo.
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La fiscal Muñoz también destacó el papel relevante que tendría en todo este entramado de corrupción el ministro Bonilla, en supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
Igualmente, en esta audiencia aparecieron otros nombres de funcionarios como es el caso de César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, salpicado con la celebración de contratos que según la fiscal fueron financiados con cien mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras, cuya entidad juega un papel clave para la reforma agraria.
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