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En diálogo con La FM, Eduardo Cifuentes presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), habla sobre el procedimiento en que dará la imputación de cargos a personas que se han sometido a esta jurisdicción.
Cifuentes estableció que después de una exhaustiva revisión realizada por la sala de reconocimiento se estableció que las Farc sí cometió delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ante estas responsabilidades de la cúpula de esta organización, se ha establecido 30 días hábiles para que las personas imputadas respondan.
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"Ellos también tienen el derecho de examinar su propia conducta y si ellos ofrecen un reconocimiento pleno y genuino de estos hechos. Si este reconocimiento se produce, para que el tribunal de la paz pueda emitir la primera sentencia en este universo delictivo que ha sido debidamente analizado por la sala de conocimiento".
El presidente de la JEP reiteró ante las normas penales y los tratados establecidos con la comunidad internacional, las Farc cometieron el delito de secuestro y toma de rehenes, por lo tanto esa guerrilla cometió crimines de lesa humanidad de forma concurrente, junto a crímenes de guerra.
"No hay una responsabilidad y gravedad mayor que esto, pues son delitos de lesa humanidad al ofender la conciencia de los pueblos. En el conflicto armado interno los ataques masivos conta la población civil son absolutamente reprochables".
En este sentido, el magistrado recalcó que la tipificación de estos hechos como 'retenciones ilegales' era una calificación muy débil, ante los actos cometidos por las Farc. "También se debía contemplar el sufriemtno inmenso de personas que fueron secuestraas, por actuaciones de subalternos y esto debe tener responsabilidad de la propia cúpula".
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"Se tomó dos años y medio para coonoer a fondo las conductas y reunir testimonios, luego se puede hacer una calificación, por eso hablamos de crímenes de guerra y delitos internacionales".
Ante este panorama, Eduardo Cifuentes reclacó que en el marco de los acuerdos de paz firmados en la Habana, Colombia tiene un compromiso ante la comunidad internacional de impedir la impunidad. De modo que si alguno de los imputados decide no acojerse a la jurisdicción, la gravedad de los crímenes cometidos haría que iniciara un proceso en su contra, ante la justicia penal internacional.
"Si esto no lo hace, la corte penal internacional lo puede hacer, Colombia está comprometida con la comunidad internacional en impedir la impunidad. Los guerrilleros que entregaron las armas y se comprometireon a someterse a la justicia han podido entrtegaron sus versiones libres".
De igual manera, Cifuentes recalcó que las sanciones que eventualmente se lleguena imponer deben ser efectivas y verificada por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, pues crímenes sancionados poseen un compoenete internacional.
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"Estamos aplicado las normas de dercho internacional penal, se están aplicando las máximas consideraciones ante las graves infraciones que se cometieron, como son los crimenes de guerra".
"La justicia que aplica la JEP hace real el proceso que tomó Colombia para una paz sin impunidad”, recalcó el magistrado Cifientes.
Por otra parte, el presidente de la JEP explicó que dependiendo de las consideraciones de la sala de reconociminendo, esta jurisdicción podría aplicar una sanción máxima de restricción de libertar por 5 a 8 años. No obstante, dicha pena no se cumpliría en una prisión.
Cifuentes explicá que las personas condenadas tendrán que cumplir un proceso de reparación que contemple trabajo y participación en proyectos comunitarios, que serán articulados con las victimas y la JEP.
Por lo tanot, serán las victimas quienes intervengan, a través de la JEP, para establecer qué tareas de reparación se deben ejecutar. "Con esto se busca que quienes entrtegaron las aramas y entregan la verdad puedan reconciliarse consigo mismas".
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"Una persona no puede permanecer toda la vida como un criminal y por eso puede tener la posibiliad de reconvertirse en el marco de dar la verdad y reparar a las victimas".
Finalmente, el presidente de la JEP manifestó que comprende el dolor y sufrimiento de la población cifil que fue victima de ataques masivos sistemáticos, pero señaló que este es un momento en el que el país debe abrirse a la posiblilidad de la reconciliación.
"Es entendible este sufrimiento, pero en un proceso de paz este tipo de sanciones están pensadas en buscar una reconciliación. Esto no opaca el hecho de que estos crímenes sean absoluitamente reprochables, pero también debe señalarse que las personas que los comenten pueden arrepentirse y esto no es un proceso sencillo".
