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El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra magistrados de Villavicencio, Meta, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, señalados de supuestamente hacer parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a miembros de bandas criminales y otra serie de delincuentes.
En el caso del magistrado Vargas Bautista, el Tribunal ordenó mandarlo a prisión; y en relación con el magistrado Díaz Rodríguez se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
De igual forma, en el caso del magistrado de Villavicencio Joel Darío Trejos Londoño, también investigado en este caso lo dejo en libertad aunque seguirá vinculado al proceso, tras ser señalado de estar implicado en hechos relacionados con actos de corrupción.
La decisión fue adoptada por el magistrado del Tribunal, Fernando Pareja, en una providencia de 113 páginas, en la cual dejó en claro que el peligro para la comunidad que alegó la fiscalía para los magistrados Fausto Díaz y Alcibiades Vargas si se logró acreditar, pero no el caso del magistrado Joel Trejos.
De igual forma, el Tribunal advirtió que la Fiscalía no superó el examen para demostrar en relación con estos magistrados su supuesta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho.
El Tribunal llamó la atención ante el hecho de que la Fiscalía no logró demostrar con evidencias la entrega en el primer semestre de 2013 de los 150 millones de pesos -como parte de una promesa de mil millones - a los magistrados investigados para supuestamente favorecer con un recurso de apelación a una pareja que fue condena por homicidio y tentativa de homicidio.
Asimismo, indicó que tampoco se logró evidenciar la hipótesis de los sobornos entregados a estos magistrados a través del pago de una estadía en el balneario Palo Verde con todos sus consumos, incluyendo licores, ni con el ofrecimiento servicio de compañía de mujeres.
El magistrado sostuvo que solo se logró una inferencia razonable en relación con el delito de prevaricato.
