Defensores exigen que 73 propiedades de Chiquita Brands se entreguen a familias de víctimas

Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros explicó que varias organizaciones defensoras de las víctimas del conflicto armado se unieron para realizar un estudio, donde lograron identificar 73 propiedades, que suman un total de 4.000 hectáreas, las cuales están ubicadas en la subregión de Urabá antioqueño y que su tamaño puede ser similar a la isla de San Andrés. 

Según indicó Vega, estas tierras estarían a nombre de Agrícola El Retiro S.A., empresa que estaría asociada a la fundadora de Banadex y que tuvo el 100 % de la propiedad de Chiquita Brands. 

Además, aseguró que las 4.000 hectáreas estarían distribuidas de la siguiente manera: en Chigorodó tendrían siete, mientras que, en Apartadó serían 21, cinco en Carepa y 40 en Turbo, las cuales estarían en puntos estratégicos para el desarrollo de Puerto Antioquia.  

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Así mismo, afirmó que el predio con folio 034-2215 estaría declarado en utilidad pública por la Gobernación de Antioquia, y formaría parte del área donde avanza la construcción del puerto. 

Gerardo Vega recordó que esta multinacional fue condenada en Colombia y Estados Unidos por la supuesta financiación de grupos paramilitares en Urabá y los siete departamentos de la zona Caribe y en la masacre de Mapiripán. 

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Desde la fundación señalaron que siete exdirectivos de Chiquita Brands fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. Advirtiendo que este dinero irá al Consejo Superior de la Judicatura y no sería destinado directamente a las víctimas del conflicto armado de estas zonas del país.  

En cuanto al proceso en Estados Unidos, la multinacional recibió dos condenas por la financiación del grupo paramilitar, ordenado la indemnización de 38 millones de dólares a ocho familias.  

Desde las organizaciones defensoras de las víctimas del conflicto armado, especialmente de grupos paramilitares del Urabá antioqueño, piden a la justicia colombiana que investigue los bienes y que busquen como destinarlos para la reparación de estas familias.  

En el estudio participaron las siguientes organizaciones: la Fundación Forjando Futuros, el IPC, Pares, el Cinep, Humanidad Vigente,  DePazEs, la Corporación Jurídica Yira Castro y la Asamblea de Cooperación por la Paz.