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Una juez de control de garantías de Bogotá determinó no prorrogar la medida de aseguramiento privativa de la libertad proferida contra Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, quien aparece en los organigramas de la Fiscalía como la segunda cabeza en la red de contrabando que durante varios años lideró Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
La decisión fue adoptada por parte del juzgado 63 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.
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Allá El Bendecido fue capturado por parte de las autoridades el 14 de marzo del año pasado y se le considera una pieza clave en esta estructura criminal, de la cual su máximo jefe alias Papá Pitufo sigue detenido en Portugal a la espera de que se defina su solicitud de asilo al gobierno de Portugal y su eventual extradición a Colombia.
En la misma audiencia, la juez del caso favoreció con la no prórroga de la medida de aseguramiento al coronel en retiro, Alexander Galeano Ardila y a los mayores de la Policía Mario Andrés Sarmiento Roja y José Helí Alzate Moncayo, también investigados por supuestamente colaborar con la red del contrabando de ‘Papá Pitufo’.
Según se conoció la Fiscalía a cargo del caso no habría logrado sustentar en debida forma la necesidad de ampliar estas medidas de aseguramiento.
Durante la audiencia, Ricardo Barakat, abogado de alias El Bendecido, argumentó que los imputados no tienen capacidad para destruir o modificar pruebas y que es injusto mantenerlos en prisión preventiva sin pruebas que justifiquen su detención.
“Es evidente que ya los elementos materiales probatorios fueron descubiertos. Es evidente, señoría, que no hay manera de que ninguno de los imputados pueda tener la capacidad de destrucción, modificación, dirección, ocultamiento o falsificación de elementos de prueba”, indicó el abogado Barakat.
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Así mismo, sostuvo que la Fiscalía no logró demostrar la capacidad financiera necesaria para obstruir la justicia y no hay evidencia de que los acusados representen un peligro para la sociedad.
El defensor también indicó: “Es exagerado. No es justo que se pretenda bajo esta premisa o bajo esta condición legal tener privado de libertad a unas personas las cuales merecen asumir el proceso, enfrentar el proceso en que están de manera libre, de manera en que puedan ejercer su defensa sin el yugo de tener una privación de la libertad”.
Además, argumentó que la supuesta organización criminal ha sido desmantelada, y por lo tanto, no se puede condenar a los imputados sin pruebas concretas.
