Corte Suprema confirma condena a exparamilitar alias "Águila" por abuso de menor de 13 años
El exparamilitar aceptó que la menor estuvo retenida, pero rechazó haber cometido abuso sexual.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exjefe paramilitar, Rafael Salgado Merchán, comandante operativo de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada por abusar se una menor de 13 años quien se encontraba retenida por el grupo ilegal que comandaba.
La joven quien se encontraba en condición de persona protegida en ese momento habría sido sometida a castigos como parte de las políticas de control social por presentar, según la organización criminal al mando de Merchán, mal comportamiento.
Tras la denuncia de la víctima, dentro de los trámites de Justicia y Paz, Salgado Merchán junto con otros comandantes del grupo al margen de la ley, dentro reconoció el reclutamiento de la joven pero se negó a reconocer el acceso carnal violento que la menor directamente le atribuyó, lo que motivó una compulsa de copias a la Unidad de Justicia Transicional en la Fiscalía General de la Nación.
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Tras un extenso proceso judicial, la defensa del exparamilitar, había impugnado la condena que profirió la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el pasado 5 de agosto de 2022.
En dicha sentencia, Salgado Merchán fue condenado a 11 años de prisión y multado con562.5 salarios mínimos legales mensuales y, además de una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena.
Salgado Merchán fue conocido con el alias de “el Águila” y habría ingresado en diciembre de 1994 como conductor y, después de ocupar varios cargos en la estructura criminal ascendió a comandante operativo, tarea que desempeñó hasta la desmovilización grupal el 6 de agosto de 2005.
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Hay que señalar que, la víctima denunció este caso en 2008, seis años después de que fuera agredida sexualmente en 2002. Una de las razones fue porque su mamá la convenció de hacerlo y porque, como es públicamente conocido, estos grupos al margen de la ley se desmovilizaron y se iniciaron procesos especiales de justicia transicional para que, entre otras cosas, las víctimas pudieran denunciar y enfrentar a sus victimarios, tal como ocurrió en este caso.