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Por cuenta de 95 mil procesos represados, a los que no se les ha hecho cobro coactivo por infracciones al Estatuto Nacional de Estupefacientes (delitos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes) y los cuales están engavetados desde 1986 en seis mil cajas, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia se encuentran en una puja por determinar cuál de estas dos entidades debe resolverlos. La millonaria suma de dinero que está allí dormida, y que no se ha cobrado, le hubiera facilitado millonarios recursos a la Rama Judicial.
La ley 1743, que contempla el financiamiento para la Rama Judicial, dice que tiene que ser la Judicatura quien realice estos cobros coactivos. Sin embargo, a pesar del sinnúmero de cartas que se han cruzado las dos entidades explicándose el porqué no les corresponde resolver los 95 mil procesos, la Procuraduría se ha visto en la obligación de intervenir y pedirle a las dos entidades ponerse de acuerdo, puesto que en esos miles de expedientes no cobrados está el dinero que podría salvar a la Rama Judicial de sus afujías económicas.
En meses pasados, el Ministerio de Justicia llegó a la Judicatura con cinco camiones cargados con los 95 mil expedientes. Lo anterior con el fin de que la Judicatura los ubicara en sus instalaciones e iniciara su resolución. Sin embargo, la directora ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura, Celinea Orostegui, los devolvió argumentando que no tenía recursos ni personal para iniciar la labor de fallar los procesos, pero que tampoco tenía un espacio físico para ubicar las seis mil cajas que contenían los procesos.
En ese sentido, la Procuraduría, a través de una carta, le solicitó al Ministerio de Justicia suministrar el dinero para contratar a 48 funcionarios y 12 asistentes e incluir dentro de su presupuesto dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) para contratar con la Central de Inversiones CISA S.A la tercerización de dicho cobro coactivo. Sin embargo, el Ministerio señaló que el dinero que necesita la Judicatura para adelantar la tarea y -en parte para solventar a la rama judicial- la cual es administrada por la Judicatura, está contenida en la resolución de esos expedientes.
El Ministerio además argumentó que de acuerdo a lo estipulado en la ley 1743, la entidad que debe resolver los procesos de cobro coactivo es la Judicatura. En vista del contrapunteo entre las dos entidades, la Procuraduría, a través de la delegada para la vigilancia preventiva, Fanny González, pidió "resolver el asunto con el fin de que se respete el debido proceso a quienes se les adelanta el cobro coactivo y se cumpla la función coercitiva contra quienes fueron declarados responsables de la comisión del delito”.
José Agustín Suárez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, habló con LA F.m.
