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Según el organismo de control, el gobernador de entonces, Julio Cesar Guerra Tulena, "tendrá que responder por esta suma de dinero, producto del proceso fiscal, en su calidad de representante legal de la entidad territorial".
El exgobernador fue vinculado al proceso y según lo ordenado por el organismo de control, deberá responder en versión libre, decisión que se le notificó personalmente como dispone la Ley.
Según recordó la Contraloría, el 'cartel de los enfermos mentales' se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones, a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.
"El actual proceso fue abierto por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, en el departamento de Sucre, específicamente por los pagos irregulares efectuados por la Gobernación, de 155 facturas a favor de diferentes IPS, en cuantía superior a los $1.055 millones de pesos", indicó el organismo.
Pagos irregulares
Las irregularidades habían sido detectadas por la Contraloría General en una auditoría efectuada a la Gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.
"El total de los pagos irregulares superó los $ 5.000 millones, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte, y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron", reveló el organismo.
En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó "no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente".
A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago que después fueron suscritas y pagadas por el mismo Gobernador Julio César Guerra Tulena.
Contratos inexistentes
La Contraloría decubrió en su momento la inexistencia de contratos entre la Gobernación de Sucre y las IPS, en los que se soportaran los millonarios pagos facturados.
Es decir, la Gobernación de Sucre efectuó los pagos sin que existiera un soporte contractual para llevar a cabo los mismos.
Tampoco hubo autorización del ministerio de Salud para poder efectuar el pago a IPS privadas, ni existieron soportes que probaran la capacidad de las mismas para funcionar y prestar los supuestos servicios contratados.
Por la gravedad de las irregularidades evidenciadas, la Contraloría oportunamente puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, denunciando el denominado cartel, en la Gobernación de Sucre.
