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Colprensa (referencia)
23 Mayo 2017 01:51 AM

Consejo de Estado ordena reubicación de 400 familias que viven en zona de baja mar en Cartagena

Esta reubicación se deberá realizar en un plazo no mayor a cuatro años.
La
Fm

El Consejo de Estado ordena a la Alcaldía de Cartagena, como al Gobierno Nacional, efectuar en un plazo no mayor a cuatro años, la reubicación de unas 400 familias que habitan en la zona de baja mar, ubicadas en el sector de Marlinda y Villa Gloria, en la zona norte de la ciudad.

El fallo expresa que al estar dichas familias ubicadas en un área que hace parte del ecosistema de la Ciénaga de La Virgen, se constituye en una zona de alto riesgo para quienes habitan el lugar, al tiempo que la permanencia de estas personas, representa un impacto ambiental para este cuerpo importante cuerpo de agua de la ciudad.

El Alto Tribunal, no sólo ordena que las familias sean reubicadas “en un predio ubicado a no más de dos kilómetros del litoral”, sino que también conmina a la Administración Distrital a iniciar un plan de “reforestación, recuperación y restauración de áreas de manglares”, así como la “remoción de rellenos que se hubieren efectuado, dragando los sectores donde se ha disminuido u obstaculizado el flujo natural de agua entre el mar y la Ciénaga de la Virgen”.

La decisión del Consejo de Estado es el resultado de un recurso de apelación presentado por el abogado David Sandoval, quien en febrero de 2011 radicó una Acción Popular ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y que fue fallada a favor por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Ese documento, el profesional del derecho expuso la vulnerabilidad y el riesgo en el que se encuentran las familias que habitan en una zona declarada como protegida por la Nación.

Sin embargo, en el primer fallo las autoridades demandadas como Alcaldía de Cartagena, Dimar, Fiscalía General de la Nación y Presidencia de la República, no derivaron acciones para su cumplimiento, llevado a interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, que en segunda instancia, ratifica la decisión que en el 2015 emitió el el Tribunal Administrativo de Bolívar.