La FM en Google News
El Consejo de Estado ordenó a la sociedad Cementos Tequendama S.A.S. (Cetesa S. A. S.) suspender el proyecto de explotación y exploración minera en el municipio Gachantivá, ubicado en el departamento de Boyacá.
La orden de suspensión está encaminada a “abstenerse de continuar ejerciendo exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de caliza y mármol en una parte de la concesión minera con la que cuenta en el municipio de Gachantivá”.
La decisión del Consejo de Estado se basa en irregularidades que se presentaron en el otorgamiento de la licencia ambiental que la Corporación Autónoma y Regional de Boyacá (Corpoboyacá) había entregado a la compañía en 2007.
Le puede interesar: Incendio arrasa más de 30 hectáreas de bosque en Guasca, Cundinamarca.
Lo que comprobó el alto tribunal de lo Contencioso Administrativo es que ese permiso no tuvo en cuenta los estudios sobre el impacto ambiental de la actividad minera y la posible afectación a un área protegida en la vereda La Hoya.
“El parámetro utilizado en el Estudio de Impacto Ambiental para definir el polígono de la zona de explotación ignoró los límites de aguas subterraneas y tampoco cumplió con la normatividad ambiental vigente, situación que agrava los problemas de desabastecimiento hídrico del municipio de Gachantivá”, señala uno de los apartes de la tutela que pidió la suspensión.
Le puede interesar: Sigue la toma de un socavón por parte de mineros de Quinchía, en Risaralda
El alto tribunal advirtió que esa suspensión debe efectuarse hasta que sea aprobada la modificación de la licencia ambiental, de acuerdo con el programa establecido por las autoridades mineras y hasta que le sean reconocidos todos los permisos para la actividad.
La licencia ambiental se entregó luego de que la Gobernación de Boyacá celebrara, en el 2006, un contrato de concesión minera con la empresa
Esta discusión viene desde el Tribunal Administrativo de Boyacá que ordenó a Corpoboyacá vigilar y garantizar la protección de la zona de protección, además de “adelantar el procedimiento tendiente a verificar si procedía o no la suspensión o revocatoria de la licencia ambiental, como lo ordena la ley en estos casos”.
En ese fallo el Tribunal compulso copias a la Procuraduría para que adelante las investigaciones que haya lugar en el marco de la posible vulneración de derechos y omisiones en aras a que se protegieran recursos hídricos, bosques y especies vegetales de diversa naturaleza supuestamente amenazados por la presencia de la concesión.
Corpoboyacá también deberá iniciar una investigación, de carácter sancionatorio, frente a una serie de quejas interpuestas por la Personería municipal sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el concesionario.
.jpeg)
