Condenan a la Nación por dos casos de falsos positivos en el Magdalena Medio

Dos campesinos fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate por el Ejército.
Madres de Soacha victimas de falsos positivos piden verdad
Madres de Soacha victimas de falsos positivos piden verdad en la JEP Crédito: RCN Radio

El 27 de marzo de 2007, Carlos Mario García de 21 años de edad, fue contactado para transportar una carga de madera a un punto conocido como ‘La Cooperativa’ en Puerto Nuevo, municipio de Remedios en Antioquia.

Cuando estaba llegando al río Tamar el vehículo en el que se movilizaba con otro trabajador fue interceptado por militares adscritos al Batallón de Ingenieros ‘Batalla de Calibío’ que lo retuvieron con la excusa de hacerle unas preguntas sobre la zona.

Tras sacarlo del camión los sentaron en un tronco. Hasta ese lugar llegó el teniente César Augusto Castellanos, quien les señaló que debían contestar una serie de preguntas y después serían liberados.

El acompañante de Carlos Mario, al ver la situación, logró escaparse de los militares aprovechando un descuido y salió corriendo hasta la vereda más cercana para contar lo que estaba pasando.

Al otro día, según rezan las pruebas, el Ejército informó sobre el abatimiento de un guerrillero en combate. En el documento oficial se indicó que el subversivo portaba un fusil, proveedores y cartuchos.

Sin embargo, las pruebas documentales revelaron que el cadáver no había portado ni mucho menos accionado cualquier tipo de armamento. Igualmente se reveló que había muerto por un disparo a quemarropa cuando estaba estático.

Por esta ejecución extrajudicial, el Tribunal Administrativo de San Andrés condenó a la Nación. En el fallo se tuvieron en cuenta las sentencias penales que se han emitido por este hecho, así como el reconocimiento de varios militares en este “falso positivo”.

En el fallo se advierte que se trató de una acción totalmente ilegal con el único fin de demostrar resultados operacionales en la región, omitiendo totalmente sus funciones constitucionales de protección a la comunidad.

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El mismo Tribunal condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Parmenio Manuel Hernández, un campesino y agricultor de 41 años de edad, quien fue sacado a la fuerza de su vivienda en Santo Domingo, zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar) por militares adscritos al Batallón de Ingenieros Batalla de Callibío junto a su esposa y sus tres hijos menores de edad.

Los militares los llevaron hasta un punto y luego los separaron. Durante meses la familia del jornalero desconoció su paradero hasta que recibieron la información que el cuerpo estaba en un anfiteatro en Barrancabermeja como guerrillero abatido en combate.

En el informe oficial se indicaba que era un integrante de un grupo subversivo que los había ataco. En las pruebas se infirió que no existía un elemento para determinar su vinculación con la guerrilla ni en un ataque contra el Ejército.

Igualmente se tuvo en cuenta la declaración de un teniente quien reconoció su responsabilidad en estos hechos ante la justicia ordinaria, dando detalles de la forma en cómo se ejecutó este “falso positivo”.


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