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El alto tribunal consideró que hubo una falla por parte de la Fiscalía al no tener el material probatorio suficiente que advirtiera que los estudiantes, entre ellos, Natalia Tangarife Avendaño, eran los protagonistas de dichas protestas por la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2005.
Dentro de las irregularidades que encontró el Consejo de Estado es que la Fiscalía no tuvo en cuenta que los estudiantes si bien hacían parte de la Universidad, resultaron lesionados por la explosión de artefactos fabricados por estudiantes en un laboratorio de la institución durante las protestas.
Advirtió el Consejo de Estado las conductas por las cuales fueron acusados no pueden catalogarse determinadoras por parte de ellos porque “además de ser estudiantes de la Universidad de Antioquia y de resultar lesionados con ocasión de los graves hechos acaecidos el 10 de febrero de 2005 en el claustro educativo, ninguna actuación adicional, de conformidad con los medios de convicción existentes, puede decirse que emprendieron”.
Por esta situación, el Consejo de Estado, además de ordenar la indemnización por la privación injusta de la libertad de Natalia Tangarife Avendaño y otros estudiantes, deberá hacer un reconocimiento público de la actuación errada por parte de la Fiscalía General de la Nación contra estos jóvenes.
