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La periodista Claudia Julieta Duque radicó un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la decisión emitida por la Sala de Instrucción de dicho alto tribunal que archivó la denuncia presentada contra el senador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de injuria y calumnia.
El caso se remonta a febrero de 2012 cuando la periodista denunció formalmente al expresidente por haberla calificado como “ocultador del terrorismo” y cercana a la guerrilla de las Farc en varios mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter, esto tras la publicación de un reportaje en el diario estadounidense The Washington Post en agosto de 2011.
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La comunicadora aseguró que además de los mensajes en la red social el exmandatario había continuado con sus mensajes “injuriosos y calumniadores” en el programa de radio que dirige el exministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos. En esa entrevista Uribe había señalado a los periodistas Claudia Julieta Duque, Juan Forero y Karen de Young de difamar de su Gobierno.
En dos oportunidades, la audiencia de conciliación entre Uribe y los periodistas fracasó tanto en la Fiscalía General como en la Corte Suprema de Justicia por lo que la denuncia siguió su trámite como establecía la ley.
El caso llegó al despacho del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Gustavo Malo Fernández quien citó en mayo de 2016 a versión libre. Sin embargo, según denuncia la periodista, el caso se estancó y nunca se ordenaron pruebas o se ordenó la revisión de las declaraciones citadas en la denuncia.
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Después de la suspensión del magistrado Malo –investigado por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’- el expediente llegó a la recién creada Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que consideró que los hechos denunciados ya habían prescrito situación por la cual ordenó el archivo del caso.
En un comunicado, Duque sostiene que la acción penal en realidad se extinguiría hasta agosto de 2020. “De acuerdo con el Código Penal colombiano, la pena máxima para injuria y calumnia es de 72 meses (6 años), la cual debe aumentarse si éstas son realizadas a través de medios de comunicación social y divulgación colectiva”.
Para la periodista, el alto tribunal no tuvo en cuenta el hecho que el senador del Centro Democrático reiteró sus acusaciones en una sesión en septiembre de 2017 después que se conociera una compulsa de copias en su contra hecha por la Corte Suprema de Justicia dentro del condena contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes por las ‘chuzadas’.
“Esta situación fue informada por el apoderado de la periodista en forma casi inmediata, pero el nuevo magistrado a cargo del caso, Fernando León Bolaños, no lo tuvo en cuenta y, al igual que su antecesor, mantuvo el caso el caso paralizado”, precisó la comunicadora en el comunicado. En este punto resaltó que esta reiteración de acusaciones amplía los términos de prescripción.
La revisión
En el documento presentado ante la magistrada Cristina Lombana Velásquez se advierte que existe una “inacción absoluta” de la justicia colombiana en este caso, puesto que durante cinco años estuvo totalmente quieto pese a las constantes peticiones por revisar el expediente y las cartas enviadas por miembros del Parlamento Europeo en las que advertían por la impunidad que se podría presentar.
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Considera que el caso no revestía mayor complejidad puesto que solamente se tenían que solicitar pruebas dirigidas a establecer la veracidad de las acusaciones hechas por Uribe en contra de los tres periodistas como es el hecho de revisar sí tenían condenas por hechos relacionados con nexos con grupos armados ilegales y rebelión o sí trabajaban con estas estructuras subversivas.
La defensa de la periodista solicitó revocar el auto inhibitorio y continuar con el trámite del caso mediante la vinculación a indagatoria al senador. Igualmente le pidieron formalmente compulsar las respectivas copias para que se investigue la actuación del magistrado Gustavo Malo Fernández por las omisiones en las que incurrió dirigidas a paralizar la investigación.
