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El Centro Democrático insiste en que la condena de 12 años y la orden de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe, que fue hallado culpable de dos delitos, hace parte de una persecución política que hay contra la oposición.
Es por esto que la colectividad ya tiene clara una estrategia que emprenderá para salir en defensa de su máximo líder, luego del proceso judicial que ha tenido que enfrentar.
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En primer lugar, los precandidatos adelantarán una gira internacional por Europa y Estados Unidos para dar a conocer la situación por la que atraviesa Uribe y pedir apoyo, lo cual fue fuertemente criticado por el presidente Gustavo Petro.
“Quienes van afuera, a los Estados Unidos, a hablar con la extrema derecha, para que desde allá se presione a la justicia colombiana, son apátridas”, indicó el mandatario.
Ante esto, la senadora Paloma Valencia respondió diciendo: “colombianos iremos a buscar las instancias internacionales para defender al presidente Álvaro Uribe de los abusos de este gobierno, de un proceso politizado y sin garantías. Buscaremos justicia”.
“Sin embargo, advierto con preocupación que el presidente nos amenaza, nos pone una lápida y nos señala para que la criminalidad actúe sobre nosotros”, añadió.
Pero no solo eso, el Centro Democrático convocó para este jueves 7 de agosto una marcha en todas las ciudades del país para defender al expresidente Uribe y ya fue publicado el cronograma y los puntos en los que se adelantará la concentración.
Gabriel Vallejo, director de la colectividad, dijo que “agotaremos todos los recursos para tratar de demostrar la inocencia del expresidente Uribe. Este jueves 7 de agosto la hemos denominado como 'la marcha de la libertad y la democracia' y busca decirle al país que somos los millones de colombianos que rodeamos al presidente Uribe y vamos a enviar un mensaje de que vamos a defender la democracia colombiana”, añadió.
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Finalmente, el partido instauró una tutela para hacer valer el derecho a la oposición política y en la que pide que se revoque la medida de prisión domiciliaria, para que el exmandatario pueda enfrentar en libertad el proceso en segunda instancia.
