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La defensa del constructor Carlos Solarte radicó un incidente de reparación en el proceso penal que se adelantó contra su hija, Paola Solarte por las irregularidades que rodearon la celebración del contrato Tunjuelo-Canoas que tenía como objetivo principal la descontaminación del Río Bogotá.
En la petición Solarte -dueño de la firma CASS Constructores- argumentó que fue víctima de las actividades que adelantó su hija en la empresa, sosteniendo que él fue ajeno a las irregularidades que se presentaron para obtener el contrato en febrero de 2010 y el cual tuvo un costo cercano a los 250 mil millones de pesos.
El abogado Guillermo Rodríguez, quien defiende los intereses del empresario Carlos Solarte aseguró que las actividades ilegales que reconoció la empresaria tras la firma de un preacuerdo tuvieron graves repercusiones económicas, jurídicas y administrativas tanto para su cliente como para la empresa.
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“Él no tenía conocimiento de lo que ella estaba haciendo como administradora en su momento porque él no tenía ningún control”, precisó el jurista al detallar los motivos que lo llevaron a presentar este incidente de reparación.
El pasado jueves, el juzgado 51 de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo firmado por Paola Solarte y la condenó a seis años y medio de prisión domiciliaria. La empresaria aceptó su participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza.
Igualmente, se le ordenó el pago de una multa de 486 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad de contratar con el Estado por 88 meses. La empresaria deberá cumplir con el pago por cuotas de una sanción económica para reparar a las víctimas reconocidas.
La Fiscalía General sostiene que la empresa CASS Constructores se alió con la empresa brasileña Odebrecht para recibir este millonario contrato de infraestructura durante la administración de Samuel Moreno Rojas. Para recibir la adjudicación de ese contrato se habrían comprometido a pagar unas comisiones del 8% del valor total del contrato.
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La investigación señaló que habrían pagado dos mil millones de pesos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, así como a un grupo de concejales, contratistas y funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
El interceptor Tunjuelo-Canoas tenía como finalidad la descontaminación y saneamiento del río Bogotá mediante la construcción de un túnel que se encargaría de llevar las aguas negras desde el Tunjuelo hasta la futura planta de tratamiento de Canoas en el municipio de Soacha (Cundinamarca) para luego devolver las aguas limpias a la cuenca del río.
En julio de 2017 la Contraloría Distrital halló una serie de irregularidades en la ejecución del contrato, presentando sobrecostos y demoras en su construcción.
