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La Corte Constitucional falló a favor de una tutela interpuesta por un joven al que, según la sentencia, se le negó el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad y al trabajo, al ser excluido de un proceso para entrar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por tener un tatuaje.
La acción judicial fue interpuesta el 2 de diciembre de 2016 en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al considerar que la entidad vulneró los derechos fundamentales del joven como consecuencia de la exclusión de una convocatoria para acceder al cargo de dragoneante del Inpec.
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El denunciante explicó que luego de superar las pruebas psicológico-clínica, de valores, físico-atlética y la entrevista había pasado. Sin embargo, luego de que se le realizará la valoración médica, la institución arrojó como resultado “no apto”, según el parte por “inhabilidad relación exámenes de médico ocupacional: tatuaje”.
Al conocer los resultados, el joven manifestó su inconformidad a la Comisión Nacional del Servicio Civil y solicitó que programaran una nueva valoración médica. La entidad sostuvo que la reclamación del joven fue extemporánea y que no había lugar para repetir los exámenes médicos.
A su vez, la Comisión manifestó que la decisión de inhabilitar al hombre se funda legalmente en el profesiograma para el cargo de dragoneante del Inpec. A pesar de esto, el joven manifestó que su tatuaje no es visible, pues se encuentra en el brazo y, al usar el correspondiente uniforme, el tatuaje no puede ser percibido.
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Asimismo, el hombre argumentó que muchos dragoneantes tienen tatuajes en alguna parte de su cuerpo, lo cual no ha sido impedimento para que desempeñen sus labores en el cuerpo de custodia y vigilancia.
Finalmente, el Alto Tribunal decidió ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil readmitir al joven en el proceso de selección al cargo de dragoneante.
