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Para la tarde de este martes está programada la audiencia preparatoria en contra del agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), Néstor Julio Rodríguez Rúa por los hechos que rodearon la muerte del joven Nicolás Neira en el marco de una manifestación del Día del Trabajo en 2005.
El proceso penal revivió después que la Corte Suprema de Justicia tumbar el preacuerdo que había firmado Rodríguez Rúa con la Fiscalía General. El alto tribunal, tras resolver una acción de tutela presentada por los familiares de Nicolás Neira, recordó que este tipo de negociaciones están prohibidas cuando la víctima es menor de edad.
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El patrullero habría disparado una bala de gas lacrimógeno en contra de un grupo de manifestantes que se dirigían a la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. La bala golpeó la cabeza del joven de 16 años quien falleció pocas horas después por la gravedad de las heridas.
En el escrito de acusación por el delito de homicidio culposos, el ente recalca que el agente del Esmad realizó este disparo sin recibir la autorización de un superior. Igualmente, se reclama que se actuó de una manera irresponsable pues disparó de manera directa a los manifestantes conociendo el daño que podía producir una acción como esta.
Para la Fiscalía, se omitieron todos los protocolos tanto de acción como de prevención y atención en este caso, puesto que después de hacer el disparo y dejar gravemente herido al joven se intentó desviar la investigación.
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Los abogados de la parte civil cuestionan que pese a toda la evidencia que se tiene, entre ellos dos testimonios de agentes del Esmad, la Fiscalía hubiera aceptado la firma de un preacuerdo. Reseñan que en esa negociación se presentó una violación a los derechos de las víctimas pues se cambió la gravedad del delito y nunca se fijó un evento de excusas públicas.
En este punto citan la declaración del mayor (r) Julio César Torrijos quien señaló que el agente Rodríguez Rúa no tenía permiso para portar ese tipo de armas puesto que no contaba con la debida preparación.
Torrijos reconoció que él hizo parte del plan para desviar responsabilidades y cambiar las versiones sobre los hechos y así desviar las investigaciones penales y disciplinarias. El testimonio del mayor fue clave para reabrir varios casos y vincular a otros agentes del Esmad.
El caso de Nicolás Neira ya se encuentra en estudio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras la demanda presentada por sus familiares que señalan que después de 14 años el caso sigue en la más absoluta impunidad.
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