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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó una audiencia pública nacional de obligatorio cumplimiento a ocho altos funcionarios del Gobierno Nacional y el Estado, con el fin de definir medidas urgentes para frenar los ataques y homicidios contra excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc y sus familiares.
La orden fue impartida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que programó esta audiencia pública para el próximo 25 de noviembre entre las 8:00 de la mañana y la 1 de la tarde en las instalaciones de ese tribunal, dentro del trámite de estudio de medidas cautelares de protección integral para los exguerrilleros que firmaron el Acuerdo Final de Paz.
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De acuerdo con los magistrados, fue necesario convocar a esta audiencia tras varias sesiones de seguimiento donde se evidenciaron entre otros aspectos, que a la fecha 230 exintegrantes de las antiguas Farc, han sido asesinados en el país.
A la audiencia están citados el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio José Archila Peñalosa; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el fiscal general, Francisco Barbosa; el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos Martínez; el defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias y la procuradora delegada al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes Osorio.
“En la diligencia del 25 de noviembre, la JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes”, señalaron los magistrados.
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De igual forma, se hará una minuciosa verificación de las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial de género y étnico y se revisarán los planes ejecutados para prevenir y superar la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación.
“Finalmente, el 25 de noviembre se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición”, agregó la JEP.
Los magistrados enfatizaron que ante la importancia de esta diligencia, “la Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que solo podrán delegar su asistencia a la diligencia a viceministros y vicefiscal y únicamente previa justificación y verificación por parte de la JEP de la imposibilidad funcional de asistir. En las demás entidades no se aceptará delegación. Los funcionarios asistentes deberán permanecer durante la totalidad del desarrollo de la audiencia”.
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