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El decano Hernán Gonzalo Jiménez se refirió en La FM a la condena de 12 años impuesta al expresidente Álvaro Uribe, indicando que aunque se encuentra dentro de los parámetros legales, plantea un debate sobre la aplicación inmediata de la prisión domiciliaria.
¿La condena contra Álvaro Uribe es demasiado alta?
Jiménez señaló que, a primera vista, la sentencia puede parecer “demasiado alta para los antecedentes que se tienen en un concurso de un delito de soborno y fraude procesal”. Sin embargo, aclaró que no es ilegal, pues “los jueces tienen unos márgenes en los cuales pueden obrar” al momento de dosificar la pena.
El jurista resaltó que el punto central no está en el quantum punitivo, sino en la medida de aseguramiento. “Lo más importante en este momento es si la medida se debe cumplir ya o cuando esté en firme la sentencia”, expresó, agregando que, según la decisión escrita de la jueza, la ejecución debería darse únicamente cuando la condena quede en firme tras agotarse los recursos.
Jiménez explicó que la jueza sustituyó la prisión por prisión domiciliaria debido a la edad del condenado. No obstante, insistió en que “la consecuencia jurídica real es aplicarle una pena de prisión” y que el país debe tener claridad en que la imposición inmediata sería contraria a lo que plantea la propia sentencia.
¿Cuándo se aplicaría la prisión domiciliaria a Álvaro Uribe?
En cuanto a la inquietud ciudadana sobre si Uribe irá a prisión, el decano respondió que “no lo van a meter en la cárcel, va a estar en el lugar de residencia”. Explicó que lo novedoso del caso es que se plantee hacer efectiva la medida de manera inmediata, cuando en Colombia “el precedente es que se hace efectivo cuando la sentencia está en firme”.
El abogado insistió en que “asegurar que al presidente Uribe lo van a meter a la cárcel desde hoy es contrariar lo que está diciendo la misma sentencia”, ya que aún se deben resolver los recursos de alzada correspondientes. Según su criterio, el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia obliga a esperar la firmeza del fallo.
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Sobre las posibles acciones jurídicas, Jiménez afirmó: “No creo que la defensa vaya a esperar hasta que el tribunal resuelva”, anticipando la interposición de una tutela frente a la medida. En su análisis, la controversia se centra en el momento en que debe hacerse efectiva la decisión, más que en la duración de la condena.
De esta forma, el decano concluyó que el debate actual no se limita a la dosificación de la pena, sino a la definición de si la prisión domiciliaria debe aplicarse inmediatamente o tras el agotamiento de todos los recursos, escenario que mantiene expectante a la opinión pública.
