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La Corte Suprema de Justicia decidió este martes ordenar medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, en una decisión sin precedente en la historia del país.
Fue el propio expresidente Uribe quien dio a conocer de la medida de aseguramiento con detención domiciliaria en su contra.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, divulgó a través de Twitter.
Aunque la notificación no se ha notificado oficialmente, todo parece indicar que decisión se tomó por mayoría de votos de los magistrados César Reyes, Marco Antonio Rueda, Francisco Farfán, Héctor Alarcón y Misael Rodríguez. En el caso no participó la magistrada Cristina Lombana por estar impedida.
La investigación contra el exmandatario y jefe del partido de Gobierno es por los delitos de fraude procesal y soborno. En la investigación también está involucrado el representante Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático.
El proceso no acaba en este punto y la decisión de la Corte no significa que el expresidente sea culpable por los delitos de fraude procesal y soborno, lo que viene es un juicio en su contra que estaría en manos de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso
La investigación en contra de Álvaro Uribe inició en 2018 en el despacho del magistrado José Luis Barceló. Él conoció unas pruebas que señalaron a Uribe de intentar torcer el testimonio de un exparamilitar que lo ha relacionado con el surgimiento de los paramilitares en el departamento de Antioquia.
La Corte lo llamó a indagatoria y vinculó al proceso al congresista Álvaro Prada, pero por el surgimiento de las salas de primera instancia esa diligencia se realizó hasta octubre del año pasado.
La Corte escuchó el testimonio de varios exparamilitares, entre ellos Pablo Hernán Sierra alias ‘Alberto Guerrero’; José Gelvez Albarracín alias ‘el canoso’; y Jesús Ignacio Roldan alias ‘Monoleche’.
También se escuchó el testimonio de exfiscales y políticos como la excongresista Piedad Córdoba y el senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso.
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