Presos políticos liberados en Venezuela no pueden dar declaraciones ni salir del país

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó en un comunicado que 99 personas fueron excarceladas.
La cifra fue confirmada oficialmente, aunque organizaciones aún verifican varios de los casos liberados.
La cifra fue confirmada oficialmente, aunque organizaciones aún verifican varios de los casos liberados. Crédito: AFP

Las excarcelaciones anunciadas el jueves por el régimen en Venezuela estuvieron acompañadas de estrictas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, ofrecer entrevistas o realizar declaraciones en redes sociales, según relataron familiares de varios liberados.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio CNN, las condiciones también incluyen la obligación de presentarse ante tribunales cada 30 días y la prohibición de comunicarse entre sí, disposiciones que quedaron consignadas en las boletas de excarcelación entregadas a los detenidos al momento de recuperar su libertad.

Las personas excarceladas salieron de distintos centros de detención del país, aunque bajo un régimen que limita de forma significativa su movilidad, su libertad de expresión y su interacción con otros liberados.

Los familiares consultados aseguraron que las advertencias fueron claras y que cualquier incumplimiento podría derivar en nuevas acciones judiciales.

El ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Edmundo González, dijo que "quienes hoy recuperan la calle siguen privados de libertad plena. Siguen con procesos abiertos, vigilancia, amenazas implícitas, miedo. La justicia sigue suspendida sobre ellos como una advertencia permanente".

Horas después de que comenzaran a circular reportes sobre las liberaciones, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó en un comunicado que 99 personas fueron excarceladas.

Según el texto oficial, se trata de detenidos que participaron en las protestas registradas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador, sin que hasta ahora se hayan divulgado resultados desagregados del proceso electoral.

El Ministerio señaló que estas personas estuvieron involucradas en “hechos de violencia e incitación al odio” y que, tras una “evaluación caso por caso”, se decidió otorgarles la libertad bajo medidas cautelares, aunque no detalló oficialmente cuáles eran esas restricciones, información que ha sido conocida a través de los familiares y de los documentos de excarcelación.

En su comunicado, la cartera penitenciaria afirmó que las liberaciones forman parte de una política de respeto a los derechos humanos impulsada por el Ejecutivo.

“Estas actuaciones forman parte de las gestiones permanentes impulsadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigidas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso de aquellos compatriotas que, siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica”, indicó el Ministerio.

Antes de la confirmación oficial del Gobierno, la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal había informado que estaba verificando decenas de excarcelaciones de personas detenidas presuntamente por motivos políticos.

La ONG ha sido una de las principales fuentes independientes que documentan detenciones en el contexto de protestas y crisis políticas en Venezuela.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló este viernes en la red social X que, hasta ese momento, la organización había logrado identificar 52 casos de personas excarceladas, entre ellas 17 mujeres, 32 hombres y tres adolescentes, aunque aclaró que el proceso de verificación continuaba.

Según los registros de Foro Penal, hasta el 20 de diciembre había 902 presos políticos en Venezuela, cifra que contrasta con la postura oficial del Gobierno, que rechaza la existencia de presos políticos en el país y sostiene que las personas detenidas enfrentan procesos judiciales por delitos comunes.


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