El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó iniciar de manera “inmediata” pruebas con el arsenal nuclear del país, una decisión que, de concretarse, pondría fin a más de treinta años de suspensión de ensayos atómicos en territorio estadounidense.
La última detonación nuclear realizada por Estados Unidos tuvo lugar el 23 de septiembre de 1992 en Nevada, antes de que el Congreso aprobara una moratoria que, aunque se planteó como temporal, ha permanecido vigente hasta hoy.
El anuncio de Trump surge pocos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, supervisara desde Moscú ejercicios estratégicos de sus fuerzas nucleares, en los que se probó un misil intercontinental Yars con capacidad de alcanzar objetivos a más de 12.000 kilómetros.
La suspensión de 1992 se aprobó durante la presidencia de George H. W. Bush y fue respaldada más tarde por su sucesor, Bill Clinton. La medida respondió a un contexto internacional transformado tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos apostó por el liderazgo en los esfuerzos globales de desarme y control nuclear.
Los avances tecnológicos de las últimas décadas permitieron a los científicos estadounidenses verificar la fiabilidad de sus armas nucleares mediante simulaciones y pruebas subcríticas, ensayos sin detonaciones, evitando así nuevas explosiones atómicas. Entre 1945 y 1992, el país realizó más de mil pruebas nucleares, primero en la atmósfera y, después de 1963, exclusivamente bajo tierra.
El control de las pruebas nucleares ha sido objeto de varios acuerdos internacionales. El primero, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, suscrito por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, restringió las detonaciones a los ensayos subterráneos. Más tarde, en 1974, Washington y Moscú pactaron limitar la potencia de las pruebas a un máximo de 150 kilotones.
El compromiso más ambicioso llegó en 1996 con el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares (CTBT), respaldado por la Asamblea General de la ONU y firmado por 185 naciones. No obstante, el tratado nunca entró plenamente en vigor porque Estados Unidos y China aún no lo han ratificado.
Si la administración Trump cumple su orden, Estados Unidos rompería con tres décadas de autocontención y podría abrir un nuevo capítulo de tensión en la competencia nuclear mundial.