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En una jornada marcada por el caos y la indignación, agentes federales se enfrentaron el domingo con miles de manifestantes en el centro de Los Ángeles, tras el polémico despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump, desatando una ola de protestas sin precedentes recientes en la ciudad.
Los disturbios comenzaron luego de que Trump federalizara a 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California y los enviara a patrullar las calles angelinas en contra de la voluntad de las autoridades estatales y locales. La decisión provocó una rápida condena por parte del gobernador Gavin Newsom, quien la calificó como un “alarmante abuso de poder”. “Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal... Rescindan la orden. Devuelvan el control a California”, exigió.
Durante todo el domingo, multitudes colmaron las calles adyacentes al Ayuntamiento, el juzgado federal y el centro de detención metropolitano, donde permanecen detenidos manifestantes arrestados en días anteriores. Las protestas bloquearon incluso la autopista 101, lo que derivó en un fuerte operativo policial para su desalojo.
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Aunque la mayoría de las concentraciones se mantuvieron en calma, la situación se deterioró con rapidez. La policía utilizó gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y proyectiles menos letales para dispersar a la multitud. Según el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, los agentes fueron atacados con fuegos artificiales y piedras, lo que dejó al menos dos oficiales heridos.
La escena se volvió cada vez más tensa a medida que caía la noche. Manifestantes coreaban “¡No les tenemos miedo!” y exhibían pancartas como “¡Guardia Nacional, jajaja!”, mientras pintadas con mensajes como “Al carajo con ICE” y “A matar a todos los policías” cubrían edificios cercanos. Se reportaron actos de vandalismo, como la quema de una fila de vehículos autónomos Waymo, algunos de ellos con parabrisas rotos y cubiertos de grafitis.
El despliegue militar evoca los peores recuerdos de 1992, cuando tropas federales tomaron las calles tras los disturbios por la absolución de los policías que golpearon a Rodney King. Ahora, nuevamente, Los Ángeles se encuentra bajo ocupación militar, esta vez bajo un nuevo conflicto: la ofensiva nacional contra los inmigrantes.
El conflicto se intensificó el viernes con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se extendieron a zonas de alta densidad latina como Paramount. En ese lugar, manifestantes se enfrentaron a agentes de la patrulla fronteriza, que respondieron con gases lacrimógenos. Un coche fue incendiado.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, intentó calmar los ánimos. “Es apropiado protestar, pero no es apropiado que haya violencia”, dijo. Sin embargo, también condenó la presencia militar: “El despliegue de la Guardia Nacional es lo último que Los Ángeles necesita... Nuestra ciudad aún se está recuperando de los incendios forestales”.
A pesar del llamado a la calma, la violencia escaló. La policía declaró la manifestación como “asamblea ilegal” y realizó múltiples arrestos. La Patrulla de Carreteras de California intentó desalojar la autopista sin éxito, mientras continuaban los choques con la multitud. Periodistas también resultaron heridos por proyectiles policiales.
Desde Washington, el presidente Trump justificó la militarización como una respuesta necesaria para “proteger instalaciones federales”, mientras que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que 500 marines de la base de Twentynine Palms están listos para desplegarse si la situación lo requiere.
Newsom rechazó esa posibilidad como “desquiciada”, defendiendo la actuación de las fuerzas de seguridad locales: “No necesitamos más tropas. No queremos ver nuestra ciudad destrozada. La gente está aterrorizada”.
Las tensiones políticas se agudizaron con las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien responsabilizó al gobernador: “Si hubiera hecho su trabajo, la gente no habría resultado herida”.
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Desde el Congreso, también llegaron voces de alarma. El senador Bernie Sanders advirtió que Estados Unidos enfrenta “una amenaza autoritaria”, y acusó a Trump de estar “llevando a este país rápidamente hacia el autoritarismo”.
Mientras tanto, los gobernadores demócratas emitieron una declaración conjunta en la que calificaron la acción del presidente como un “abuso de poder alarmante”.
Y en el terreno, la situación sigue tensa. La congresista californiana Nanette Barragán advirtió que las redadas del ICE podrían continuar durante 30 días, lo que amenaza con extender el conflicto y profundizar la crisis política.
