Estado de salud de Alex Saab es débil, dice su defensa tras aprobarse extradición

Un Tribunal de Cabo Verde falló a favor de la extradición del empresario colombiano a EE.UU., señalado como testaferro de Maduro.
Pasaporte de Álex Saab
Crédito: Colprensa

El Tribunal de Apelación de Barlavento en Cabo Verde aprobó la extradición a EE.UU. del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, y acusado por la justicia estadounidense de blanquear cientos de millones de dólares.

"Con lo anterior y una vez verificados (que se cumplen) los requisitos legales, los jueces de esta Corte acuerdan ordenar la extradición de Alex Saab Nain Moran a Estados Unidos, a fin de ser juzgado allí por ocho delitos", anunció el Tribunal este 4 de enero.

En un comunicado, la defensa de Saab aseguró que la decisión de extraditar a su cliente supone "un desafío directo" a la orden del 30 de noviembre del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque regional al que pertenece Cabo Verde.

Esta Corte dictaminó que Saab debería ser puesto "de inmediato" bajo arresto domiciliario para que pudiera tener acceso a su familia, abogados y doctores dados sus supuestos problemas de salud, orden que el 15 de diciembre se negó a acatar la Corte de Apelaciones de Barlavento.

Según la defensa de Saab, el estado de salud de su cliente es "débil" por una "condición de cáncer existente", del que no se han ofrecido mayores detalles.

Sin embargo, el procurador general de Cabo Verde, Luis José Landim, aseguró tras reunirse el 19 de diciembre con el presidente caboverdiano, Jorge Carlos Fonseca, que no tenían ninguna obligación de cumplir con esa sentencia debido a que su país no ratificó el protocolo que otorga jurisdicción al tribunal en casos de derechos humanos, informaron medios locales.

Según los abogados de Saab, la última sentencia del Tribunal de Apelación "no es de extrañar y no hace sino continuar (una) deplorable serie de decisiones con las que los tribunales caboverdianos se han negado sistemáticamente a abordar los argumentos presentados por la defensa".

"La defensa apelará a la Corte Suprema de Justicia e impugnará de la manera más enérgicamente posible la injusticia (existente) en esta decisión", continúa el texto, que califica la resolución adoptada de "grave desprecio" hacia el tribunal de la CEDEAO.

Esta sentencia se produce después de que Barlavento haya logrado subsanar las "irregularidades" procesales señaladas a finales de octubre por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del país africano, entre ellas, según el medio local Notícias do Norte, permitir al acusado "presentar sus alegatos finales".

Saab, detenido en Cabo Verde el pasado 12 de junio por la Interpol y las autoridades de este país cuando el avión en el que viajaba hizo una parada de abastecimiento, está acusado de conspiración para el blanqueo de capitales y de otros siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios.

Estados Unidos considera a Saab "testaferro" de Maduro y sospechoso de haber lavado -junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido- hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) para supuestamente pagar los actos corruptos del presidente venezolano.

Saab, que cumplió 49 años el pasado 21 de diciembre, mantuvo siempre una imagen discreta hasta que en 2017 comenzó a aparecer en la prensa, acusado por la exfiscal venezolana Luisa Ortega de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario colombiano, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de tapar los sobrecostes de un programa de ayuda para alimentos del Gobierno de Maduro, conocido como CLAP.

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".

Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y su socio Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.


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