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La justicia de Ecuador condenó a ocho años de cárcel a expresidente Rafael Correa por un delito de cohecho en la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.
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El exmandatario, radicado en Bélgica, fue sentenciado a "8 años de pena privativa de la libertad" junto a otras 17 personas por el delito de cohecho, señaló el órgano acusador en Twitter.
Tras la decisión, Correa dijo que "todo era un show y ya estaba preparado". Añadió que "esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe".
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó también por cohecho al ex vicepresidente Jorge Glas, y a exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y entre otros.
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Tanto para Correa como para Glas, el panel de tres jueces que compone el tribunal, emitió una condena de ocho años de prisión y la inhabilitación de la política durante 25 años.
"La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena está ejecutoriada. Esto debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme", explicó una fuente judicial sobre el alcance de la condena.
El exmandatario enfrenta asimismo el pago de una suma por daños y perjuicios, además de una reparación integral con la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.
El expresidente, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, ha calificado "de payasada" el juicio y su defensa cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: "Todo estaba organizado desde arriba", dijo.
Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.
