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Al menos 149 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado en Birmania del 1 de febrero; once de ellas en las últimas 24 horas, según denunció hoy la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Ravina Shamdasani.
La cifra de víctimas ha subido dramáticamente desde el fin de semana, en el que murieron al menos 57 personas, a medida que las fuerzas de seguridad "aumentan de forma agresiva, el uso de armas letales contra manifestantes pacíficos", destacó la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.
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Las víctimas incluyen asesinatos cometidos durante la violenta represión de Hlaing Tharyar, en las afueras occidentales de la antigua capital Rangún, donde se produjeron ataques a fábricas operadas por compañías chinas.
Shamdasani también aclaró que las cifras de la ONU son "conservadoras" y se circunscriben únicamente a las muertes que se han podido confirmar (otras fuentes hablan de más de 180 muertes por la represión a las protestas).
La portavoz añadió que continúan llegando a la oficina denuncias de más de 2.000 detenciones arbitrarias, uso de la tortura y desapariciones forzadas de cientos de personas, así como noticias no confirmadas de uso de francotiradores contra manifestantes.
"Al menos cinco muertes bajo custodia han ocurrido en las últimas semanas, y al menos dos de las víctimas presentaban signos de graves abusos que indicaban que fueron torturados", añadió.
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Shamdasani admitió que confirmar estas informaciones está siendo cada vez más complicado debido a la imposición de la ley marcial en las principales ciudades birmanas y los cortes de internet y otros medios de comunicación impuestos por las autoridades.
La portavoz también mencionó la revocación de licencias de cinco importantes medios de comunicación birmanos, y subrayó que al menos 37 periodistas han sido detenidos.
"Pedimos una vez más al ejército que detenga los asesinatos y las detenciones de manifestantes", concluyó la portavoz, quien subrayó que la alta comisionada Bachelet aboga por un uso cauto de las sanciones internacionales contra el régimen birmano, para que éstas no afecten a la población civil.
"Cualquier sanción debe ser limitada, por ejemplo la congelación de fondos en el extranjero de responsables de seguridad o prohibiciones para que éstos viajen", sugirió la fuente oficial.
